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Reconstrucción tributaria

Dr. Silvino Vergara Nava

“El remedio, de nuevo, es la refundación de la legalidad.
En caso contrario, tendremos un caos que equivale,
en último término, al colapso del Estado de derecho,
ya que todos los poderes públicos,
empezando por el judicial, pueden resultar ilimitados
y arbitrarios, no sólo por la ausencia
de leyes, sino por su inflación”.

Luigi Ferrajoli

Una vez que han finalizado las elecciones federales, que se tiene determinado plenamente al ganador y que es claro quienes son los que conformarán el Congreso de la Unión, solamente hace falta cumplir —y con esto nos daríamos como bien servidos— al menos con una de las múltiples propuestas que se formularon en las campañas electorales, y que consiste en darle prioridad al principio de legalidad. Si esto se cumple, se dará un giro completo a lo que está sucediendo con México, particularmente con la materia tributaria, las obligaciones de los contribuyentes, las reformas del 1 y 25 de junio de 2018 al Código Fiscal de la Federación, sin ejemplos claros del abandono en que se encuentran el derecho fiscal y, con ello, el olvido al principio de legalidad. Por ello, si existe una luz de esperanza, que esa luz de esperanza sea el respeto al principio de legalidad en materia fiscal. Este es, pues, el momento necesario para la reconstrucción tributaria.

Esa reconstrucción tributaria que se necesita está muy bien trazada, ya que es respetar la legalidad, ese viejo principio de hace 300 años que sostiene que la autoridad puede hacer solamente lo que la ley expresamente le faculta; y es lo que pide cualquier contribuyente, no está solicitando mayores canonjías, ni que se le trate como son tratadas las grandes empresas transnacionales o los consentidos del sistema, sino simplemente que sean tratados con el respeto a la ley, lo cual en los últimos años no ha sucedido. Por el contrario, es la incertidumbre, la inseguridad lo que vive cada contribuyente, una inseguridad provocada por toda una serie de reformas fiscales, principalmente, que, desde la modificación al Código Fiscal de la Federación del 28 de junio de 2006 a la fecha, sólo han sido cambios para provocar mayor incertidumbre. Por ello, si solamente se cumple con el principio de legalidad por las autoridades fiscales, éste sería el mayor mérito que se pudiera dar en los últimos tiempos en nuestra nación.

No obstante, es evidente que esta incertidumbre, la falta de legalidad de los actos de las autoridades, la amplia discrecionalidad que provoca corrupción no es un mal nacional, es un mal global de la actualidad. Así lo describe correctamente el profesor Luigi Ferrajoli: “El lenguaje de las leyes ha llegado a ser tan oscuro, tan tortuoso, lleno de reenvíos a otros textos normativos y de inútiles divagaciones y neologismos burocráticos, que comprender su significado es a veces una ardua y casi imposible tarea incluso para un jurista” (Ferrajoli, Luigi. Los derechos y sus garantías. Madrid: Trotta, 2016).

Esto es lo que ha sucedido en materia fiscal. Es claro que existen incertidumbres, arbitrariedades y, con ello, se cuela la corrupción, pues el contribuyente vive en la indefensión al desconocer qué día la autoridad llegará a determinar que el domicilio fiscal no es el que corresponde, que no pudo atender correctamente la verificación del domicilio fiscal, que incorrectamente expidió comprobantes fiscales, que es sujeto de una multa por una infracción que, desde luego, desconocía o, bien, que es sujeto de revocación de su certificado de sello digital porque ha caído en alguna de las más de cincuenta causas por las cuales procede la revocación del mismo, y lo que le impedirá expedir comprobantes fiscales y, en consecuencia, seguir realizando sus operaciones; o bien, al desconocer que será notificado posiblemente en su domicilio o, quizás, por el buzón tributario sobre alguna resolución; buzón tributario que, por lo demás, es un sistema electrónico que asume que todos los gobernados de este país tenemos pleno conocimiento de la informática, cuando es claro que, de los datos del INEGI, contamos con el promedio de tercero de secundaria.

Después de los períodos de campaña, de las propuestas, de los debates, nos quedaríamos como simples contribuyentes con una de todas esas propuestas; pero desde luego, la más complicada, el respeto al principio de legalidad a favor de los contribuyentes, lo cual demostraría un cambio significativo que requiere de la reconstrucción del derecho fiscal, de las obligaciones tributarias, pues es inviable un Estado de derecho sin sujeción a la ley. Y esta es, precisamente, la crisis en que se encuentra el derecho fiscal actual, un derecho fiscal de la sospecha que requiere de una reconstrucción.

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