Artículos1997

junio 28, 2021por Editor0

Dr. Silvino Vergara Nava

 

El sistema tributario, asumiendo su compromiso

 internacional de combatir el lavado de

 dinero, se encarga de vigilar a los contribuyentes

 locales, los de casa, para tenerlos maniatados

 e impedirles cualquier tipo de crecimiento.

 

Derecho fiscal de la sospecha (2da ed.)

 

Año de 1997, en México gobernaba Ernesto Zedillo. Se cumplían dos años de la masacre de Aguas Blancas, en el Estado de Guerrero, que dejó 17 muertos y 21 heridos. Suceso que, por no ser juzgado en nuestros tribunales, posteriormente fue denunciado en España para que se juzgara, en ese país, a los responsables; esto, atendiendo a la existencia de la denominada «jurisdicción universal subsidiaria» de su legislación. Lamentablemente, esto no sucedió, ya que se reformó su ley, previo a que se dictara sentencia.

En ese mismo año, transcurría el tercer aniversario de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), aunque todavía no se veían los estragos que causó a la industria nacional, al empleo, al medioambiente mexicano, a la soberanía alimentaria y al sistema financiero, que aún contaba con instituciones que eran propiedad de banqueros nacionales, cuando el valor de un dólar era de $8.00 pesos y la migración provenía de las clases más necesitadas y no de cualquier estrato de la sociedad como ahora sucede; en las calles no se veían todavía las muestras de la globalización: pobreza extrema, migrantes extranjeros, inseguridad pública y centros comerciales suntuosos por doquier. En esas mismas fechas entró a costas mexicanas el huracán Paulina, principalmente en los Estados de Guerrero y Oaxaca, que dejó 400 muertos según el dato oficial, aunque las imágenes y los testimonios daban cuenta de otros números.

En enero de 1997, inició su segundo periodo de gobierno Bill Clinton, en Estados Unidos de América. Por otra parte, en México, en las elecciones federales intermedias, por primera vez el pri perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que dio paso a que tres años después perdiera la presidencia de la república. Finalizando el año, el 22 de diciembre, se llevó a cabo la matanza de Acteal, en Chiapas, que dejó —según los datos oficiales— 45 muertos y que fue un escándalo nacional. Hoy el genocidio permanente en el que vivimos ya dejó de ser noticia. En tanto, el 5 de febrero, en Ecuador, el Congreso, a petición de los movimientos sociales y la ciudadanía, destituyó al abogado y cantante Abdalá Bucaram de su cargo presidencial, aduciendo «incapacidad mental para gobernar»; y en abril, en Lima, Perú, el ejército peruano rescató a sangre y fuego a los rehenes de la embajada japonesa y mató a los guerrilleros del movimiento revolucionario Tupac Amaru.

En 1997, la comunicación se realizaba principalmente por teléfonos fijos y, aunque las compañías de celulares continuaban expandiéndose, no llegaban a la tecnología de hoy con el smartphone ni abarcaban todo el territorio nacional con su red de celulares. En ese año cualquier oficina, tanto gubernamental como particular, requería como herramienta indispensable un fax para poder transmitir documentos; Internet todavía no se propagaba como lo conocemos actualmente. En las universidades mexicanas, la elaboración de una tesis y su defensa era requisito indispensable para obtener el grado de licenciatura; en esos tiempos aún no llegaban las políticas públicas de programar diez opciones de titulación, que han provocado la disminución lamentable en la calidad de los profesionales y la propagación de licenciaturas, maestrías y doctorados de muy penoso nivel. En septiembre, en el Estadio Monumental (Buenos Aires), Soda Stereo realizó su afamado «Último concierto» ante más de 65 000 espectadores, mismo mes en el que fallece la madre Teresa de Calcuta, monja católica de origen albanés.

En el ámbito jurídico-tributario, hace veinte y cuatro años, los contribuyentes presentaban las declaraciones en forma impresa y necesariamente debían acudir a adquirir los formatos a las pequeñas papelerías; por lo que todavía eran necesarias las máquinas de escribir para teclear las declaraciones, además de que los pagos se realizaban de forma trimestral, tanto del Impuesto Sobre la Renta como del Impuesto al Valor Agregado con una tasa de 15% y, en zonas fronterizas, del 10%. No existían las denominadas declaraciones informativas ni menos aún la obligación de inscribir a los socios y accionistas ante el Registro Federal de Contribuyentes. Para verificar a los contribuyentes, la autoridad fiscal se sustentaba en los dictámenes de estados financieros elaborados por contadores públicos colegiados y altamente capacitados, que se presentaban cada año por contribuyentes obligados y opcionales. Todos los dictámenes se presentaban en forma impresa, igual que los comprobantes fiscales, por los que había que acudir a imprentas autorizadas. El 1º de julio, CCA Puebla abre sus puertas. (Web: parmenasradio.org).

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