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Somos un millón de negocios menos

Dr. Silvino Vergara Nava


«Queridos conciudadanos,
es nuestro propósito denunciar el curso
perverso de una política
ciega que nos conduce al desastre».

Edgar Morin


En las estadísticas que, en esta primera semana de diciembre de 2020, ha puesto a la luz pública el INEGI (un órgano autónomo dentro del gobierno federal y que debe emitir esa serie de datos económicos necesarios para conocer la realidad de la nación), los números que corresponden hasta el mes de noviembre de 2020 indican que de los cuatro millones de negocios que había en México antes de la pandemia, esto es, a inicios de marzo de 2020, actualmente han cerrado un millón, aproximadamente, para nunca más poder volver a abrir sus puerta; lo cual es un dato sumamente preocupante para la actividad económica del país y, con ello, para el propio Estado, pues esto se traduce en disminución de empleos y de recaudación de contribuciones.

Es evidente que no existieron medidas fiscales y económicas para afrontar la pandemia. El hecho de que haya cerrado entre el 20% y el 25% de los cuatro millones de negocios es un fracaso para el Estado, dado que éste está, primordialmente, para proteger a su población, todo lo contrario a lo que aquí ha sucedido, tanto por el record de enfermos, contagiados y fallecidos por la enfermedad como por los negocios que han quebrado. Lo cual, a su vez, no queda solamente en ello, sino que repercute en una cadena que enlaza a muchos más que se relacionaban con ese millón de negocios. Por ende, en lugar de justificarse o sostener que los datos no son los correctos, habría que tomarlos en serio para determinar qué medidas se deben aplicar a la brevedad posible.

En lo atinente a lo fiscal, pareciera que no ha sucedido ninguna pandemia. Basta con analizar las reformas fiscales y, luego, las actuaciones de las autoridades fiscales: multas a los contribuyentes por no presentar las obligaciones a tiempo, revisiones, requerimientos, etc. Para Hacienda, lejos de que las empresas y, en general, el mercado se haya contraído en todos los aspectos, pareciera que nunca pasó la pandemia y, por ende, la insistencia de las autoridades en sancionar y revisar a los contribuyentes es la de siempre.

Ahora bien, en el campo económico-jurídico, en cuanto a brindar los servicios del Estado para autorizar licencias, permisos, autorizaciones, sucedió exactamente lo contrario. Es una vergüenza lo que está sucediendo en este rubro, pues cualquier tipo de autorización en cualquier nivel de gobierno habrá que dejarla para alguna otra ocasión, habrá que medir el que no se contará con ese permiso nunca más u orillarse a «aceitar» el proceso para su expedición, es decir, más corrupción en una administración que está buscando, supuestamente, la corrupción de las administraciones anteriores y quiénes la ocasionaron, pero que está cortando a los ciudadanos con la misma tijera. Por tanto, no hay autorización alguna de ningún tipo, hay permisos y trámites que llevan más de un año guardados en archiveros electrónicos o en papel de las oficinas públicas, las cuales, resguardadas con el pretexto de la pandemia, no mueven un solo tramite ni un papel; pese a lo cual, esas personas (servidores públicos), con sus quincenas aseguradas, están llenando los centros comerciales, supermercados, mercados, contagiándose, pero, eso sí, sin laborar.

Peor es la situación en las instancias municipales, que, de plano, parece que no existen. Es imposible, en este año, terminar cualquier tipo de trámite con alguna autoridad federal, estatal o municipal; pero, eso sí, si se inicia cualquier actividad económica sin la licencia o el permiso requeridos, los inspectores, visitadores, notificaciones, revisores estarán al acecho para multar, clausuras, castigar.

Por tanto, ¿cómo se pretende que exista una recuperación de las actividades económicas si las autoridades encargadas de expedir permisos, autorizaciones, etc., son más que una nulidad? El resultado de un millón de negocios cerrados y los que faltan —como es evidente— no es a causa, exclusivamente, de la pandemia, sino que se puede imputar, principalmente, a la pasividad e incapacidad del Estado.

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