Artículos8 de septiembre de 2020

septiembre 1, 2020por CCA PUEBLA0

Dr. Silvino Vergara Nava

 

«La democracia es demasiado importante
como para dejarla en manos de los políticos o,
incluso, de un pueblo que vote en referéndums».

Daniel Innerarity

 

De acuerdo con la Constitución, para evitar que se presenten de nuevo los problemas que se agudizaron en los tiempos del presidente Vicente Fox: aquellos que permitieron, no sólo la aprobación de las leyes de ingresos y el presupuesto de egresos en la madrugada del día uno de enero del año siguiente con el argumento de que el Congreso de la Unión había congelado el reloj legislativo y con ello que se aprobaran en tiempo y forma esas dos leyes tan importantes para la vida de la nación; para evitar esto, hubo la prevención de que se implementara una fecha límite para que el Ejecutivo presentara sus iniciativas de ley de ingreso y presupuesto de egresos. De paso, se hizo lo propio con las leyes fiscales que se pretenden modificar o implementar —a lo que se le denomina paquete económico— y, actualmente, el plazo vence el día 8 de septiembre de cada año, salvo en el año que hay cambio de administración pública federal.

Estando a unos días del 8 de septiembre de este 2020, es evidente que ya se está determinando cuáles son los términos en que se implementará la presentación del paquete económico; lo cual es preocupante para la población y a pesar de que muchos de nosotros no conozcamos en el fondo los términos financieros. Es claro que ese día se sentenciará el futuro del país, no sólo del próximo año 2021, sino de muchos otros posteriores.

Existen varios escenarios que podrían presentarse con ese paquete económico. El primero de ellos es aumentar impuestos sin aumentarlos, es decir, implementar modificaciones (como sucedió este año) sin aumentar los propios impuestos para no herir susceptibilidades y evitar que la población no esté muy de acuerdo con los cambios. Desde luego, el caso de que se presente un segundo escenario, donde, en definitiva, se aumenten impuestos, resulta poco probable, por tratarse del año de las elecciones intermedias; cuyo resultado de tales modificaciones se verá reflejado en las elecciones. Ahora bien, lo que sí puede suceder es que se hagan cambios tan sutiles que no se puedan visualizar claramente, como sucedió este año con el impuesto sobre la renta para los intereses bancarios.

Otro escenario es que tal paquete económico no contenga más que lo mismo que se ha presentado en los últimos dos años, a saber, un aumento en el gasto social y recortes en muchas áreas, a veces, muy delicadas del gobierno, pero que, como hemos visto en los últimos días, se han quedado a su suerte, pues ni papelería para emitir sus resoluciones, circulares y oficios tienen. Por ello, este escenario es el más probable; es decir, no hay nada nuevo bajo el sol: restringir el gasto del Estado. Por lo que ha sucedido, se visualiza la reducción de algunos gastos (como el caso del uso del avión y de los aviones privados de la presidencia), pero también se ve que se dejan de hacer otros sin medir la magnitud de restringirlos (como es el caso de los programas de apoyo para las contingencias naturales o que las oficinas de gobierno tengan, por lo menos, el personal suficiente para brindar los servicios públicos que correspondan).

Lo que sí es una realidad es que un tercer escenario donde el Estado implemente un programa de apoyo a los contribuyentes en el paquete económico es algo casi olvidado, salvo que este apoyo provenga de un consejo del exterior: porque es evidente que no se escuchan los consejos del interior de la nación, pero sí los que provienen de otras latitudes. Tal como ocurrió con el Fondo Monetario Internacional, cuando sostuvo que México debería implementar algún programa económico y fiscal para tratar, no de levantar la economía —porque esto será con el paso de mucho tiempo—, sino, por lo menos, de que las actividades se regularicen con alguna ayuda para que, por ejemplo, los contribuyentes no tengan que desembolsar los montos de los impuestos que les corresponde cubrir, en vez de abandonar el barco a la suerte de cada quien. Sin embargo, la implementación de un programa de apoyo así —se insiste— resultaría muy complicada, salvo la condicionante mencionada, pues es claro que desde la presidencia de la nación no hay mucho interés en apoyar a sus propios ciudadanos. Los que votaron por la transformación, que no fueron solamente la extrema pobreza y los pobres, sino, también, las clases media y alta; todos los preocupados por los niveles de corrupción en que se manejaba el país lo hicieron porque era evidente la necesidad de ese cambio. Pero hoy, por lo menos desde la presidencia, no se toma en consideración a esa parte de la población, que finalmente sigue siendo pueblo. Ahora bien, el desenlace de tal incógnita se conocerá el próximo 8 de septiembre del presente año.

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