Año 2020: la huida penal

Dr. Silvino Vergara Nava

“La legislación penal latinoamericana vive su peor
momento desde la Independencia, no solo con
marcado desprecio de las garantías constitucionales,
sino con acelerada descodificación y anarquía legislativa”.

Eugenio Raúl Zaffaroni

¿Qué esperamos de las legislaturas federales y estatales para el año 2020? ¿Qué esperamos de las iniciativas de ley de parte de los titulares de las administraciones públicas de los Estados y de la propia federación? Pareciera que todo seguirá por el mismo rumbo: “la huida penal”. Este es el nombre con el que se denomina a la tendencia de legislar todo desde el derecho penal, de que las iniciativas de ley tengan siempre un sesgo penal, de que se implementen nuevos delitos, que, de los existentes, se incrementen la penas o que, en su caso, se haga uso de la puerta grande hay para que muchos delitos sean considerados delitos de prisión preventiva. Esa puerta grande, desde luego, es la del delito de delincuencia organizada.

En los medios de comunicación se pone en relieve que, respecto al delito de feminicidio, los legisladores han aprobado aumentar las sanciones; sin embargo, lamentablemente, se siguen cometiendo esos crímenes. Se menciona, también, la trata de personas y se sabe de la existencia de ese mal en nuestros tiempos; sin embargo, son pocos los que son detenidos y procesados por ese delito. Se consideró, recientemente, el robo en casa-habitación como un delito de prisión preventiva, con la reforma al artículo 19° de la Constitución; pero siguen existiendo esos ilícitos.

Y así, pasamos a los delitos fiscales, de los que algunos de ellos son considerados como delincuencia organizada y, por ende, son delitos de prisión preventiva. Por ejemplo, la propuesta presentada en el Senado por el partido mayoritario actualmente respecto a las empresas outsourcing dice que esa práctica será considerada un delito de delincuencia organizada. Por su parte, vemos que también hay una iniciativa de ley que busca que el abandono de los adultos mayores sea considerado delito; incluso, hay algunas que plantean los delitos por el maltrato a los animales. Ahora bien, pese a todo ese esfuerzo legislativo —cuya consecuencia es un galimatías penal—, finalmente, no pasa nada, y lo que provoca esa “huida penal” es que se maximicen los problemas, que, al hablar de delitos, la problemática sea más ríspida, pero sin que cambien las cosas. Por tanto: ¿eso esperamos de las legislaturas para 2020?

El profesor Eugenio Raúl Zaffaroni sostiene que la agenda legislativa, prácticamente, es dictada por los monopolios de los medios de comunicación; que, desafortunadamente, México cada día cuentan con más intervención extranjera en ese rubro. Cita el juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos: “Los políticos latinoamericanos por su parte, son rehenes de los monopolios mediáticos, que con su alucinación bélica marcan la agenda de sus leyes penales irracionales” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Derecho penal humano y poder en el siglo XXI, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2016).

A lo largo de los últimos 20 años, en México ha quedado de manifiesto que la respuesta para todos esos males ya mencionados —y aun otros— no es esa huida penal; la respuesta es distinta. Hay muchas cosas en la legislación, es decir, en el sistema jurídico mexicano que, con una coma, un párrafo adicional, pueden cambiar verdaderamente las cosas. Y hemos visto que no hay que hacer uso indiscriminado del derecho penal, pues la experiencia de los anteriores años nos evidencia que así no se resuelve nada.

Para un verdadero cambio, lo que se requiere es modificar las leyes administrativas que provocan los cuellos de botella, la imposibilidad del desarrollo de las empresas y de los pequeños negocios; se tiene que desasolvar la legislación administrativa, la que corresponde a los permisos, las licencias, las autorizaciones, las concesiones, las disposiciones de carácter económico, como es el caso de la comisión de competencia económica, que no tiene utilidad alguna actualmente o, por lo menos, está muy alejada de la población; la que corresponde a la legislación tributaria, que se ha encargado, en los últimos años, de implementar medidas que, lejos de que sean una invitación para el entero de las contribuciones, es una amenaza para cualquier ciudadano, no de la pérdida de su dinero o sus bienes, sino hasta de su libertad.

En este año, se estará cimentando la reforma fiscal propuesta por el ejecutivo federal para que entre en vigor en 2021; ya las comisiones de la materia en las Cámaras están preparándose para ello. Pero, si las propuestas siguen siendo las mismas de los últimos 20 años (más represión, más impuestos, más sanciones), no se podrá hablar de una reforma fiscal. Incluso hoy, la prohibición de la condonación de impuestos, dictada por las políticas tributarias del Ejecutivo, es un premio para la corrupción en el país; pues miles de contribuyentes, de ciudadanos de a pie con adeudos injustos, determinados arbitrariamente, imposibles de pagar y, por ende, de condonar, están todos ellos viviendo tirados a suerte. Por lo tanto: ¿qué se puede esperar de las legislaturas para 2021? La respuesta es sencilla: la huida penal.

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