UncategorizedApuntes tributarios 2: El contribuyente y su domicilio fiscal

febrero 10, 2016por CCA PUEBLA0

“Hoy, la «economía nacional» es poco más que un mito
que se mantiene vivo por conveniencias electorales;
el papel económico de la mayoría de los gobiernos
se reduce a mantener condiciones amables en el lugar
—mano de obra dócil, impuestos bajos,
buenos hoteles y vida nocturna activa—
para atraer a los corredores de capitales cosmopolitas,
nómadas y sin Estado, y lograr que se queden”.

Zygmunt Bauman

 

Autor: Dr. Silvino Vergara Nava

Una vez analizado quién tiene el carácter de contribuyente, y al haber concluido que los contribuyentes pueden ser personas físicas, personas morales y unidades económicas, corresponde examinar que estos otrora denominados “causantes” deben sujetarse a una determinada autoridad fiscal, esto es, aquella que tiene la facultad de observar y, en su caso, cobrar de manera forzosa el pago de sus contribuciones, pues en los tiempos actuales en los cuales una persona física puede ser de nacionalidad italiana con residencia en suiza y llevar a cabo actividad económica en Francia, es bastante complejo determinar a cuál de estas tres naciones le corresponde cobrarle los impuestos.

Por ello, la doctrina ha implementado una serie de elementos que permiten ubicar ante qué autoridad deben acudir las personas a pagar sus contribuciones, lo que se ha denominado “criterios de vinculación entre el sujeto pasivo y el sujeto activo”, por lo cual los tres criterios reconocidos en la legislación mexicana y para todo el mundo occidental son la nacionalidad, la residencia y el domicilio fiscal.

La nacionalidad atiende a que las personas deben reportar sus obligaciones fiscales ante el Estado-Nación al que pertenezcan, sin importar en qué lugar residen o realizan su actividad económica. Evidentemente, no se trata de un criterio jurídico —es decir, que sea justo o equitativo—, sino que proviene de políticas imperialistas que se han importado al derecho fiscal, pues si consideramos, por ejemplo, que muchos ciudadanos y empresas holandesas cuentan con minas en países de África, en lugar de reportar el pago de sus contribuciones en esos países lo tienen que hacer en el de origen, lo cual es una de las grandes causas por las cuales los Estados de tercer mundo no pueden crecer, pues les hace faltan los recursos económicos que son exportados a los países del norte. Así, el primer criterio de vinculación entre la autoridad fiscal y el contribuyente es la nacionalidad.

La residencia se considera el lugar en donde se encuentra el centro de intereses vitales de las personas, es decir, donde se encuentra la casa habitación, para las personas físicas, o la nacionalidad, para las personas morales. Esto quiere decir que, conforme a qué leyes y el Estado donde fueron conformadas; entonces, se entiende como residencia de las personas morales el territorio del Estado en el cual fueron creadas. Finalmente, los contribuyentes deben contar con un domicilio fiscal, el cual consiste en aquel espacio físico en donde se ubica la administración principal de su actividad económica —artículo 10 del Código Fiscal de la Federación—.

Por tanto, todo contribuyente, en tanto se mantenga vigente, es decir, vivo, y no haya fallecido o, en el caso de las sociedades, desintegrado ni liquidado, debe contar con ese domicilio fiscal. Para ello, basta con avisar al Registro Federal de Contribuyentes cuál es el domicilio fiscal y, atendiendo a ese criterio, la autoridad fiscal observará y, en su caso, determinará y cobrara las contribuciones; en ese sentido, es una falta administrativa no avisar del cambio de domicilio fiscal ante el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, avisar indicando datos incorrectos del nuevo domicilio.

El cambio de domicilio fiscal por parte del contribuyente es libre, es decir, puede suceder en cualquier momento, siempre y cuando avise al Registro Federal de Contribuyentes, y no por el hecho de estar ante la presencia de una revisión o en un procedimiento de cobro de adeudos no puede cambiarse de domicilio. Esto es una falsa creencia que han inculcado las autoridades, con el afán de que los contribuyentes no estén cambiando rutinariamente de domicilio fiscal; sin embargo, no hay ley que lo prohíba. En el supuesto extremo de que hubiera prohibición, desde luego que sería violatoria de los derechos fundamentales de los gobernados, de los derechos de libertad, autonomía, libertad de trabajo y empresa, etc.

El problema actual de los contribuyentes y su domicilio fiscal es que, por mucho tiempo, con el afán de disuadir los problemas fiscales o deshacerse de la presión de la corrupción de los funcionarios públicos, se cambian de domicilio fiscal. Esto, más que incomodar, para la autoridad representa un problema operativo-burocrático y de rendición de cuentas, pues aquel funcionario que ha trabajado revisando, determinando o cobrando a un contribuyente, resulta que al hacer un cambio de domicilio fiscal, el trabajo realizado pasa a la estadística de otra autoridad fiscal; por ello, se ha determinado por la legislación federal mexicana una serie de consecuencias ante la presencia de un aviso de cambio de domicilio fiscal que resulte falso, pero en caso de ser real, no hay razón por la cual existan sanciones a los gobernados. A veces, el problema es el criterio desatinado de la autoridad.

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