“El futuro se puede cambiar.
Noam Chomsky
Sin embargo, no podemos cambiar las cosas
si mínimamente no empezamos a entenderlas”.
Autor: Dr. Silvino Vergara Nava
Los paraísos fiscales son Estados-Nación en donde se establece un sistema jurídico en el que se presentan los siguientes elementos: 1) estricta confidencialidad en las instituciones de ese Estado, 2) baja tasa de los impuestos a la riqueza, a lo que se denomina Impuesto Sobre la Renta (implementado a partir de 1916 en EUA y después en todo el mundo); 3) el secreto bancario como obligación de las instituciones financieras y de sus empleados, 4) la ausencia de tratados internacionales de asistencia mutua en información fiscal, es decir, si un Estado le solicita información a estos paraísos fiscales, no se les proporcionará ningún dato. Dichos Estados son: Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Panamá, Singapur, entre otros. Para ello, requieren en su legislación de las empresas denominadas off shore (extra-territoriales), las cuales se crean conforme a la legislación de estos países, y no se les permite establecer operaciones comerciales en esos Estados pero sí contar con inversiones y cuentas bancarias en los bancos de dichos Estados —Panamá cuenta con 215 mil empresas de éste tipo—.
Desde la doctrina económica formal que actualmente gobierna al mundo —tendencia neoliberal— se ha determinado que los recursos que se encuentran en estos paraísos fiscales se deben investigar, pues se utilizan para financiar a grupos terroristas, delincuencia organizada, narcotráfico y, en el mejor de los casos, competencia desleal de las grandes corporaciones, ya que con estos recurso económicos se puede subsidiar el valor de los productos que se introducen en los Estados con la finalidad de competir en el precio y terminar con la competencia nacional.
En realidad, poco se ha hecho en contra de estas prácticas; si se observa, estas naciones denominadas paraísos fiscales son protegidas por las naciones mas poderosas del mundo, como ya lo había mencionado N. Chomsky: “En Panamá, el tráfico de drogas siempre estuvo dirigido principalmente por los bancos. Como el sistema bancario prácticamente no está regulado, es una vía natural para el lavado de dinero. Ésta siempre fue la base de la economía panameña, que de por sí es artificial, y lo siguió siendo después de la invasión, incluso tal vez más” (Chomsky, Noam, Cómo funciona el mundo, Katz, Argentina, 2013). Así, tenemos que en la información que se ha descubierto en los últimos días (La Jornada, 4 de julio de 2016) no se encuentra alguna empresa de los EUA, menos aún políticos y empresarios de dicha nación —paradójicamente, gobiernos de la ex Unión Soviética (Kazajstán, Ucrania, Azerbaiyán), empresas de gobiernos de izquierda como Brasil, bancos suizos que se encuentran “en capilla”, bancos franceses y políticos latinoamericanos—; en realidad, más que una persecución jurídico-punitiva que se pueda iniciar en contra de quienes se encuentran vinculados con dichas empresas, se trata de la segunda parte de la Guerra Fría, pues su primera etapa inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial (1945) y término con la caída del muro de Berlín (1989), sin embargo, el mundo se vio en la necesidad de reiniciarla, pues un mundo sin polos opuestos —como se ha vivido en los últimos años— se vuelve insostenible.
Pareciera que la falta de polos opuestos ha impulsado la guerra contra las migraciones, terroristas y drogas, cuando es evidente que por simple sentido común respecto a esas ultimas se puede concluir que: “La guerra a la droga que, como era previsible, estaba perdida desde el comienzo, se ha convertido en la mayor fuente de letalidad violenta de la región; ha causado cientos de miles de muertes de jóvenes en pocos años, cuando hubiesen necesitado siglos para provocar un número cercano por efecto del abuso del tóxico” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, El derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo, Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, Argentina, 2015), lo cual ha provocado en el mundo un derecho penal “simbólico”, que se entiende como el “uso de instituciones penales, ya sean normativas sustantivas o adjetivas, que tienen como único fin crear un simbolismo de seguridad y eficacia, es decir, se crea un placebo social apaciguador, efectos reales y constantables son inexistentes” (Rodríguez Moreno, Felipe, La expansión del derecho penal simbólico, Cevallos Editora Jurídica, Quito, 2013). Ante el fracaso de este simbolismo jurídico por la falta de oposición mundial, se requiere reiniciar esa “guerra fría”, y una prueba de ello es el “descubrimiento” de la información de las empresas off shore.
Indiscutiblemente, los paraísos fiscales subsisten por la colaboración del poder político mundial, pues benefician la evasión de contribuciones de las grandes corporaciones mundiales, es decir, se requiere de dicha asistencia política, de lo contrario, resultaría imposible en este mundo donde todo movimiento humano está siendo observado y rastreado por los sistemas tecnológicos.
Así como en el mundo se cuenta con naciones que reciben la materia prima para maquilarla, otras que exportan sus recursos naturales o su mano de obra barata, existen éstas que resguardan la confidencialidad de los dueños del dinero, que en esta ocasión se están usando como infierno político.