Dr. Silvino Vergara Nava
«Ante el escándalo mediático de la corrupción,
Eugenio Raúl Zaffaroni
los Estados reaccionan con leyes con las que
pretenden vender la ilusión de su eficacia preventiva.
En realidad, son múltiples regulaciones […]
cuyo incumplimiento a veces se acompaña con
penas o multas considerables».
A casi dos años de la nueva administración pública, difícil sería computar cuántas y cuántas veces se ha hablado de la persecución a las empresas y contribuyentes que elaboran facturas falsas; ríos de tinta que se ha utilizado en los medios de comunicación respecto de ese tema. Las autoridades fiscales se han especializado en la persecución a las facturas apócrifas y los políticos en el discurso al respecto. Todo da a entender que, con eso, se resolverán todos los problemas que aquejan al país y a su población; pero, principalmente, pareciera que no hay otra cosa más de qué hablar en la materia fiscal que sobre las facturas apócrifas.
Para los académicos, para los que se han dedicado años en la materia fiscal, para las propias universidades, los centros de investigación que se han especializado en preparar personas dedicadas a esa materia; para ellos, parece que llega hasta convertirse en una vergüenza que el único tema a debate de carácter fiscal sea el de la facturas apócrifas, como si no hubiera otro asunto que comentar en el derecho fiscal. Pareciera que el derecho fiscal está agotado con las facturas apócrifas; por lo menos, en esta administración pública federal.
Cuando hay un cambio de régimen en una nación, normalmente, democrática —aunque, en este caso, en México no hubo un cambio de régimen, sino que se trató de una simple “transformación”—, el primer debate es considerar si es necesario aprovechar el tiempo en los temas del pasado o estar buscando en el horizonte qué se requiere para salir adelante en esa nación y modificar el futuro. Si, en el caso, lo que sucede es estancarse en lo que se hizo o dejó de hacer, en los actos de corruptela y en todo lo que se presentó con ese tema, no alcanzará el tiempo de esta administración pública para llegar a erradicar ese mal.
Pero el problema principal es que el tiempo es indispensable, sobre todo, para la población. Por lo cual, si la administración pública solamente se enfocara en buscar las empresas fantasmas, los responsables, pero sin proponerse erradicar el problema, no habrá esfuerzos que sirvan de nada y, entonces, el tiempo perdido solamente habrá servido para justificar el cargo público.
El problema se resuelve de raíz, pero no hay interés en eso o, posiblemente, no hay capacidad para ello. Así, la primera pregunta es ¿por qué en este país se ha agudizado ese delito? Y, de ser así, ¿qué están haciendo otras naciones al respecto? Lo cierto es que resulta hasta absurdo que en México se siga hablando de lo mismo sin solución alguna, salvo, desde luego, la de incrementar los castigos y las penas, aunque evidentemente eso no resuelva los problemas.
El derecho fiscal es algo mucho más que las facturas apócrifas. Por ello, a días de que la presidencia de México presente ante la Cámara de diputados el denominado paquete fiscal —8 de septiembre de cada año, como fecha límite—, sería oportuno cambiar, con ello, el rumbo en el que solamente se habla de facturas apócrifas y de implementar procedimientos masivos de persecución por uno en el que se discutan algunas cosas que están verdaderamente olvidadas. Olvido que es, posiblemente, porque no se comprende todo lo que se puede hacer con la legislación fiscal para sacar adelante la economía y la población del país. Ni la naturaleza ni la inercia de la vida nos sacarán de la crisis causada con la pandemia. La clave para sacar al país del atolladero en que se encuentra es el derecho fiscal. Para lo cual se requiere, ahora sí, una transformación. Aunque bien pudiera decirse que no parece haber ni la voluntad ni ánimos del Estado de sacar adelante al país. Ahora bien, se podría iniciar esta labor dejando de considerar que los contribuyentes son evasores o infractores fiscales; ese sería el mejor paso para ir olvidándose del único tema del derecho fiscal del que se habla en el palacio nacional.