Dr. Silvino Vergara Nava
“Si queremos que todo siga como está
necesitamos que todo cambie”.
Se denomina como “gatopardismo” o “lampedusiano”, en el conocimiento común de la política, a aquello que consiste en: “Cambiar todo para que nada cambie”. Paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, concepción novelesca que se ha transportado permanentemente a América latina, pues en muchos de los grandes cambios que se proponen en los gobiernos de nuestras naciones sucede exactamente lo mismo: cambian las cosas, es decir, leyes, reglamentos, instituciones de los Estados, para quedar finalmente igual.
En el año de 1992 desaparecieron en México las denominadas oficinas federales de hacienda (OFH), que eran las oficinas recaudadoras de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari como presidente de la nación, hoy prominente líder, consejero político y como secretario del ramo Pedro Aspe —actualmente empresario constructor, entre otras funciones—. La propuesta era que, para combatir la corrupción, resultaba necesario implementar oficinas en donde los contribuyentes no tuvieran contacto con las autoridades fiscales; por ende, se implementó un sistema en donde solamente habían sobres para llenar los formularios respectivos y depositarlos en un buzón; incluso el sello de recepción lo ponía el propio contribuyente; y las autoridades fiscales no tenían acceso a esas oficinas, salvo para poner más formatos y sobres para el depósito de éstos. A partir de esa fecha, se implementó en la legislación fiscal una serie de infracciones por la elaboración incorrecta de los formularios, con la finalidad de que los particulares no elaboraran los formatos con errores o, bien, lo hicieran con el dolo de hacerlos incorrectos. Ahora bien, debido a ello, hoy contamos con una serie de infracciones en la legislación tributaria causada por el simple error de hecho o de derecho.
Ese cambio de 1992, dio, como resultado, un nuevo reglamento interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el adelgazamiento de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la creación de las administraciones locales, la salida, desde luego, de muchos y muchos servidores públicos, con la misma justificación que lo ocurrido en las últimas semanas de diciembre de 2018: es necesario reducir el personal, el presupuesto se modificó, hay que combatir la corrupción, etc. Al final de esa reforma, sucedió que los particulares necesitaban ayuda para elaborar los formatos, que no hacían tan fácil el cumplimiento de las obligaciones fiscales. De esa forma se estableció dentro de las mismas administraciones locales jurídicas un departamento de asistencia a los contribuyentes, y todo ello terminó en las oficinas que hoy conocemos, con mucha gente angustiada por no poder resolver sus trámites, sin citas electrónicas previas. Es decir, lo único que provocó tal regulación fue corrupción en las citas, lo cual no existía anteriormente. Pues bien, hoy se habla de lo mismo que hace 25 años, de despidos masivos, cierres intempestivos de oficinas de hacienda, del rumor de que desaparecerán diversas oficinas, que la administración de las contribuciones pasará a la Secretaria de Economía, que el Servicio de Administración Tributaria se convertirá en un organismo inteligente, que se adelgazara su estructura, el cual, por cierto, se convirtió, en la administración pública pasada, en uno do los órganos con mayor concentración de poder a partir de su nuevo reglamento de agosto de 2015.
Todo lo mencionado es muestra de lo mismo que sucedió desde 1992, es decir, cambios que provienen desde muy arriba y que, por ello, no permean en la efectividad de las funciones de las oficinas, pues, al final, desde aquel entonces se incremento la corrupción, se complicó el pago de las contribuciones. Por ello de la reacción actual, porque los cambios nunca funcionaron o, bien, funcionaron para que quedaran las cosas tal y como estaban o, incluso, peor.
Si, en realidad, se pretende hacer un cambio, lo que se requiere es hacer un derecho fiscal, un derecho procedimental fiscal y un derecho fiscal sancionador más democráticos; por lo menos, escuchar lo que se dice en los pasillos de las oficinas del SAT. El cúmulo de experiencia de lo que no sirve y sirve se encuentra en ese lugar, al igual que ocurre en las calles de cualquier ciudad de nuestra nación, donde se concentra toda la experiencia del fracaso del sistema tributario. Hay que prestar atención a lo que se conoce en los colegios de profesionistas, las cámaras empresariales, sindicatos, escuelas, universidades, etc., para permitir un verdadero cambio en el sistema tributario, para que sea más real y efectivo; es decir, el cambio es un derecho fiscal democrático que permita la participación de las instituciones, fundaciones y académicos en foros organizados por el legislativo para poner en la mesa lo que se debe rescatar del sistema y lo que se debe modificar; y no cambios sorpresivos ni, mucho menos, encuestas dominicales, pues, en el campo del derecho, es decir, en la ciencia jurídica, la sorpresa es incertidumbre y ésta es, a su vez, inseguridad jurídica; inseguridad jurídica que es todo lo contrario a lo que exige el Estado Constitucional Democrático de Derecho.