Dr. Silvino Vergara Nava
“[…] no sólo los individuos incumplen.
Mauricio García Villegas
El Estado es tal vez el primer incumplidor del país.
Expide normas que no cumple, hace cosas que no están
autorizadas en ninguna ley o simplemente cumple a medias”.
A partir de 2014, después de un proceso de diez años aproximadamente de reformas a las leyes tributarias, de cambios de tecnológicas por parte de las autoridades fiscales y jurisdiccionales, pero sobre todo, de cambio de criterios jurisdiccionales, se implementaron las obligaciones fiscales por medios electrónicos, con las que deben cumplir los contribuyentes de cualquier rincón del país para que, simplemente, se cumpla con un deber constitucional: enterar las contribuciones.
Así, desde un contribuyente del rincón más alejado del territorio nacional hasta el que se encuentra en la ciudad más moderna y tecnificada, se debe acudir a las oficinas de las autoridades fiscales a tramitar la firma electrónica para cumplir con sus obligaciones, a saber, expedir comprobantes fiscales electrónicos; lo que conlleva para cumplir con la obligación constitucional con tener que; contar, en primer término, con energía eléctrica; luego, con capacidad económica para adquirid una computadora; asimismo, contar con una cuenta bancaria y pagar por el manejo de la misma a todas las instituciones bancarias —de las cuales, las estadísticas dictan que México es el país en el mundo en donde más cobros por manejo de cuentas bancarias existe—; y, finalmente, contar con internet. Todo ello con el fin tener por cumplidas las obligaciones en el portal del SAT.
Desde luego que todo ello provoca que los gatos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sean costosos y elevadísimos para todos los contribuyentes, en particular el que tiene que ver con contar con Internet; tema del cual, en la conferencia de prensa del pasado 17 de enero de 2019, el titular de la administración pública federal sostuvo que no toda la población cuenta con Internet y que, además, es una parte muy reducida la que cuenta con ello. Entonces, ante esta manifestación tan expresa de la carencia de contar con ese sistema de comunicación: ¿cómo se pretende obligar a todos los contribuyentes para que usen tal servicio y cumplan con sus obligaciones fiscales?, ¿cómo es posible que para interponer un medio de defensa ante las autoridades fiscales federales, en un país donde son reducidos los que cuentan con internet, haya que contar con ese sistema?
Es evidente que esta nueva administración pública ha heredado un sistema inoperante, arbitrario, complicadísimo para cumplir con las obligaciones fiscales y, más que ello, un sistema perverso; pues pocos en el país cuentan con ese servicio de comunicación y, adicionalmente, no todas las personas cuentan con la capacidad suficiente para conocer cómo operan esas obligaciones vía electrónica. Entonces, no hay razón alguna por la cual se deba exigir el cumplimiento fiscal exclusivamente por ese medio y, de exigirlo, sólo provocaría que la población en su totalidad sea incumplida o infractora de su obligación fiscal; algo que un gobierno con buenos propósitos no debería asumir ni promover; por el contrario, lo que debe buscar un gobierno de buena fe es que los particulares tengan las facilidades suficientes como para que se cumpla con una de las obligaciones básicas en un Estado: pagar las contribuciones.
Ahora bien, si lo que se busca dentro de las políticas públicas es que se cuente con una población que sea permanentemente infractora, que siempre esté rezagada en el cumplimiento de sus obligaciones o, en su caso, no tengan la capacidad de cumplir con la obligación por no contar con el conocimiento técnico suficiente, es claro que resulta ideal el sistema tributario actual: con un buzón tributario que no funciona, donde los envíos de las comunicaciones por correo electrónico están repletos de información apócrifa y donde, en el caso del sistema de juicio en línea del principal tribunal administrativo del país, se llegó al extremo de inhabilitar a la empresa que suministro el servicio de su instalación. Todo esto es una muestra de que el sistema tributario actual es ideal para mantener el estado de cosas disfuncionales; es decir, el mejor sistema que puede tener un Estado fallido es aquel en donde la medicina, cuya eficacia aún no se prueba, se ponga en el mercado. Este es, pues, el Estado que tenemos actualmente para cumplir con las obligaciones fiscales, al grado que la misma administración pública está reconociéndolo en una de las conferencia de prensa. Sabiendo esto, es decir, si el sistema no sirve, es claro que esta era una de las primeras medidas que la administración actual debía tener en cuenta, lo cual no sucedió. Simplemente, se ha hecho una confesión clara y contundente de que el fracaso en el cumplimiento de las obligaciones fiscales en México es el sistema electrónico que se ha implementado.