“Los mayores peligros para la población
Alejandro Alagia
tienen orígenes en el poder punitivo.
Desde hace alrededor de cinco mil años
se vive bajo amenaza y padecimiento punitivo
en la creencia de que alguien tiene
que sufrir o morir para que la sociedad viva”.
Las nuevas regulaciones en materia tributaria que se implementaron a partir de 2014, más que un control a los contribuyentes para el entero de sus contribuciones, se aprecian como un control político por los medios tecnológicos, en particular, con el denominado sello digital para los contribuyentes, pues estos se encuentran en la incertidumbre permanente de que un ejecutor, verificador, notificador, inspector, etc., que es el servidor publico de la más mínima jerarquía de la autoridad fiscal, sea quien determine que el domicilio fiscal cumple con los requisitos legales —artículo 10 del Código Fiscal de la Federación— y que, ante la falta de cumplimiento de estos requisitos, haya una causa suficiente para cancelar el sello digital —artículo 17 H del Código Fiscal de la Federación—, para justificar política y mediáticamente que hay una cacería y combate permanente a los contribuyentes defraudadores por las autoridades fiscales, cuando en realidad es el simple cumplimiento de la estadística que se exige por los propios órganos tributarios en las escalas más altas saturadas de funcionarios cuasi-estudiantes provenientes de las universidades norteamericanas, normalmente ganadores de menciones y premios en economía sobre teorías que estimulan la riqueza de muy pocos y que provocan la pobreza, desesperanza y hambruna de las grandes masas de población.
Indiscutiblemente, la zozobra de dichas verificaciones es una especie de esclavitud tributaria disfrazada de una función institucional; desde luego, estas consecuencias de la revocación del sello digital no son para todos los contribuyentes. Es claro que únicamente es para aquellos de los cuales es necesario que formen parte del inventario, es decir, de la estadística que se debe rendir cada mes para que se justifique que los órganos y las oficinas tributarias están cumpliendo con sus obligaciones en el combate al fraude fiscal, ya que hay otros que no pueden incluirse para estas estadísticas.
En estos tiempos de la constante desigualdad, contrario a la doctrina francesa moderna que proponía la igualdad ante la ley por todo ciudadano, pues como cita el sociólogo alemán Ulrich Beck, “mientras que las multinacionales pueden eludir al fisco del Estado nacional, las pequeñas y las medianas empresas, que son las que generan la mayor parte de los puestos de trabajo, se ven atosigadas y asfixiadas por las infinitas trabas y gravámenes de la burocracia fiscal” (Beck, Ulrich, “¿Qué es la globalización?”, Paidós, Barcelona, 2015); desde luego que un ejemplo palpable es el denominado sello digital, que, atendiendo a las tecnologías de la informática, se requiere para que los contribuyentes puedan expedir sus comprobantes fiscales por las actividades que realizan y poder obtener sus ingresos lícitos, pero independientemente que la revocación de este sello por la simple determinación de un servidor publico, es una invitación a la informalidad. El tratamiento no es igual para todos los contribuyentes, como se ha mencionado, para las grandes empresas transnacionales esto no sucederá, y para las que han tramitado su salvamento en las largas filas que hoy se forman en la corrupción burocrática también están descartadas. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellos pobres contribuyentes de a pie?
Desde luego, a los contribuyentes que no se encuentran en esas dos categorías sí les aplica el denominado “todo el peso de la ley”, donde la afortunada burocracia ha permitido que nadie sea responsable de nada, como lo sintetiza el profesor Alejandro Nieto: “En ninguna oficina pública nadie es responsable de algo. El reglamento, el bendito reglamento, constituye la gazapera en la que se refugian los empleados en cuanto perciben la sombra de una responsabilidad” (Nieto, Alejandro, “El pensamiento burocrático” Comares, Granada, 2002).
Entonces, si se ha entendido que la esclavitud fue —y sigue siendo— una institución jurídica que permite que un ser humano sea propiedad de otro o de una corporación, es claro que se mantiene esa esclavitud ahora de los ciudadanos como contribuyentes, porque con la llave de la tecnología se permite que sean controlados, sujetados y retenidos por el poder político, encubierto de la denominada “obligación fiscal”, y para su vigilancia no hay nada mejor que la burocracia, que es responsable del cumplimiento de la obligación fiscal pero nunca de su ineficacia.