Dr. Silvino Vergara Nava
“La justicia se venda los ojos para no
Eduardo Galeano
ver de dónde viene el que delinquió,
ni por qué ha delinquido, lo que sería un primer
paso hacia su posible rehabilitación.”
Las políticas sensacionalistas, es decir, simbólicas o mediáticas, son aquellas que atacan los efectos y no las causas; nunca estudian el origen, sino que buscan cómo atacar la consecuencia; signo de nuestra realidad actual. Las políticas públicas de nuestros Estados se dedican a buscar cómo combatir el resultado, pero nunca las causas que lo originan. Así, en el caso de la seguridad pública, en lugar de luchar contra los orígenes que han provocado este Estado de criminalidad permanente en que vivimos, que han dado como resultado: muertes, desapariciones, desplazamientos forzados, secuestros; en lugar de que los dirigentes de las naciones se preocupen por estudiar qué es lo que ha provocado esta situación catastrófica, se han dedicado a aumentar el número de policías, patrullas, controles y más controles sobre la población común; se han propuesto en cambiar leyes para asfixiar a la población legislando nuevos delitos, aumentando las penas, creando más sistemas de control; pero nada se hace respecto a los orígenes del estado en que se encuentran las cosas. ¿Por qué los efectos y no las causas?
Eso mismo sucede con el actual combate a la expedición de las facturas apócrifas, pues se está combatiendo los resultados, es decir, los efectos, pero no las causas. Así, hay en la palestra del Congreso de la Unión, concretamente en la Cámara de Senadores, decenas de propuestas, desde iniciativas de reformas constitucionales (como es el caso al artículo 19º) hasta consideraciones de aumentar las penas del delito de expedición de comprobantes fiscales apócrifos o, bien, de considerarlo como delincuencia organizada. Pero de lo que no se ha hecho mención alguna es de combatir, no los efectos, sino las causas.
Si se combatieran las causas de la expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, entonces, con ello, se podría combatir efectivamente esas prácticas indebidas, sin que se dé, como respuesta, la simple represión. Por ello, en cualquier comentario, en la propia academia, en las iniciativas de ley presentadas ante el Congreso de la Unión, se ha olvidado combatir lo que causa ese mal generalizado en México; pues no se ha hecho ninguna alguna al respecto de que los contribuyentes usan de esos medios indebidos de expedición de comprobantes fiscales, debido a que el régimen de las deducciones es excesivamente formalista; a que, para los proveedores de cualquier bien o servicio de gobierno, requieren acudir a la corrupción para que puedan subsistir y obtener las licitaciones. Es necesario acudir a esos mecanismos de expedición de comprobantes fiscales indebidos, porque las autoridades de cualquier nivel de gobierno permanentemente vigilan la existencia de licencias, permisos, regulaciones, autorizaciones y, en consecuencia, los requisitos para obtener una de ellas son excesivos e impiden tenerlas. Por ende, acuden a la corrupción para poder hacer frente a esos requerimientos. Las medianas, pequeñas y micro empresas de inversión mexicana requieren esos mecanismos ilícitos para poder hacer frente a los monopolios con los que todos los días viven una competencia desleal, prácticamente imposible de ganar, o, bien, porque los clientes de la amplia industria maquiladora, a cada momento, castigan más el costo de los productos que se maquilan. También, se llevan a cabo esos mecanismos indebidos, porque el empresariado mexicano se ve en la necesidad de hacer frente a los grandes costos que representa ―que es el que cuenta con mas empleados y sobre todo empleos permanentes― las cargas laborales con las aportaciones de seguridad social, los impuestos que se deben retener, los impuestos sobre la nómina, los estatales, etc.
Esas son las causas que han originado ese status quo de hacer uso, en forma indebida, por parte de los contribuyentes, de la expedición de comprobantes fiscales apócrifos. Pero de todo esto no se dice nada, menos se pone en la mesa ni se debate en la academia, en los pasillos de los tribunales ni, menos aún, en el Congreso de la Unión. No se dice nada de todos esos hechos que dan origen a esas prácticas indebidas. Ni que pensar de las políticas de la administración pública para resolver este problema. Por ello, por más que se implementen medidas para combatir los efectos, no se resolverá el problema; por el contrario, se incrementara, por ejemplo, con el procedimiento previsto en la legislación fiscal para verificar las operaciones inexistentes. Éste, lejos de provocar la extinción de este grave problema, nunca lo desapareció, incluso teniendo en cuenta que ese procedimiento inició desde 2014. En realidad, lo que sucedió fue que esas operaciones indebidas, la expedición de comprobantes fiscales apócrifos, provocaron la monopolización de esas prácticas, pero no se resolvió absolutamente nada. Por tanto ¿por qué seguir combatiendo los efectos? Si está demostrado, en este plazo de cinco años en el que ha estado vigente ese procedimiento de combate a las facturas apócrifas, que no ha dado los resultados contundentes para acabar con esas operaciones. En conclusión, ¿por qué los efectos y no las causas?