Dr. Silvino Vergara Nava
“el gobierno de la indisciplina autoritaria, de la legalidad
Piero Calamandrei
falsificada, de la ilegitimidad legalizada,
del fraude constitucional”
En la cámara de diputados, recientemente, se debate sobre la iniciativa del poder ejecutivo respecto de las reformas fiscales, cuya autorización se avecina para que entren en vigor en el ejercicio fiscal de 2020. Los temas que están en la mesa de discusión son los siguientes: la Interpretación económica, la responsabilidad de socios y accionistas, las reglas para la autorización de la firma electrónica, más causas de revocación del certificado del sello digital, el procedimiento reglado para la restitución del certificado del sello digital, la obligación que tienen los contribuyentes de contar con el buzón tributario, la prohibición de la compensación universal, la verificación de domicilios fiscales por medios tecnológicos, los sorteos o la lotería fiscal, la implementación del tercero colaborador fiscal; el cumplimiento espontáneo, que deja de ser la única regla y, por ende, se legisla sobre sanciones por dar cumplimiento a las obligaciones fiscales fuera del plazo de la ley; la instauración de obligaciones y sanciones a los asesores fiscales. Todas ellas son las propuestas de la administración pública federal sólo para reformar el código fiscal de la federación, es decir, el que regula la relación entre los contribuyentes y las autoridades fiscales; algo a lo que la academia le denomina derecho procesal fiscal.
De todos estos rubros descritos, se puede observar que ninguno de ellos hace mención sobre incrementar los derechos de los particulares, reforzarlos, perfeccionarlos, darle claridad a alguno de ellos para hacerlos efectivos. Lo que se puede sostener es que, con las reformas fiscales que se hacen en cada ejercicio fiscal, en la mano de los últimos 20 años, esta reforma es de las que más represión contiene y es la primera que no establece o regula, por lo menos, un derecho de los contribuyentes. Lo cual resulta paradójico y preocupante, pues, si la actual administración pública federal pretende implementar políticas públicas de izquierda, debe recordar que éstas siempre tutelan a los más débiles, les da prioridad a los derechos de igualdad sobre los derechos de libertad.
En esa relación procesal fiscal entre los contribuyentes y las autoridades fiscales, desde luego, el más débil es el contribuyente ante el poder de la autoridad fiscal. Por lo que lo esperado era que, así como al representante de esta administración lo eligieron millones en México el año pasado, la reforma fiscal para 2020 estuviera cargada de derechos de los contribuyentes, es decir, que coincidiera con la propuesta de la política de izquierda. Pero no fue así, y esto está provocando, junto a toda esa revista que ya se ha mencionado, que exista una mayor represión a cargo de las autoridades fiscales sobre los contribuyentes.
Ocurre, entonces, que el sistema tributario es in-equitativo, des-proporcional, arbitrario, injusto en sus bases tributarias; es un hecho notorio que no requiere ninguna prueba y que es bien sabido, igualmente, por la administración pública federal actual; es decir, se sabe que es una situación a modificarse para fomentar el crecimiento económico en el país. Es de todos conocido, por ejemplo, que es un costo excesivo contar con empleados, por todas las contribuciones que esto representa; que, en el caso de los derechos de los particulares, estos se ven disminuidos cuando las autoridades realizan desde una simple invitación (llena de discrecionalidades de la autoridad) hasta con las propias facultades de comprobación, es decir, con las auditorias o, ni qué decir, con un procedimiento de cobro. Todo ello era lo que debió haberse puesto en la mesa democrática para impulsar la economía nacional el próximo año, pues no podrá haber crecimiento económico para el 2020 con reformas que, más que recaudar, reprimen.
Esto ahuyenta cualquier proyecto de inversión nacional y provoca que el contribuyente no tenga planes de crecimientos, sino de simple supervivencia en su negocio. Estamos hablando, propiamente, de los contribuyentes de a pie, esos que son los medianos y pequeños contribuyentes, que viven al día, que se truenan los dedos en cada quincena para complementar la nómina, aquellos que ven imposible competir con los grandes almacenes, tiendas departamentales, franquicias, etc.; esos contribuyentes nacionales que son proveedores de cadenas comerciales extranjeras que fijan los precios y las condiciones a su antojo; esos contribuyentes que no tienen alternativa alguna, más que sacar su dinero del país, en parte, por orgullo, pero muchas de las ocasiones por impotencia; aquellos contribuyentes que se llaman agencias de autos nuevos, pero que se han reducido a meras vitrinas de entrega de coches nuevos y que son exprimidos por las empresas armadoras de vehículos. En resumen, hablamos de aquellos contribuyentes nacionales que no tienen otro horizonte que arreglárselas como puedan, porque las propias políticas públicas de su nación no les permiten el crecimiento, sino —si acaso— la simple subsistencia. Desde luego que así no se recauda, solamente se reprime.