“Primero vamos a matar a los subversivos,
Iberico Saint-Jean
después a los cómplices, después a los familiares,
después a los amigos, después a los indiferentes,
y por último a los tímidos”.
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
(176-1980)
Autor: Dr. Silvino Vergara Nava
El 24 de marzo de 2016 se cumplen 40 años del golpe militar que, en Argentina, impuso una junta militar que gobernó hasta el año de 1983, una vez que pasó a una elección democrática. El objetivo de ese Gobierno militar era que no avanzara el comunismo —marxismo, en América Latina; por ello, los militares estuvieron gobernando en las décadas de los sesenta y setenta en la región sur del continente americano: Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Perú, bajo la anuencia de EUA, y fundamentados en la doctrina de “seguridad nacional” que se desarrolló en plena Guerra Fría, y que consistía en que los Estados-Nación debían velar por la no intromisión de ideales comunistas en sus países, para lo cual se implementó un Derecho Penal “subterráneo” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, La cuestión criminal, Planeta, Buenos Aires, 2012), es decir, una serie de medidas —la mayoría, no escritas— que se implementaban en los Estados para desaparecer a las personas que no comulgaban con los ideales del Estado liberal, esto es, del capitalismo financiero, aquel que se centra mas en la simple especulación que en la producción.
Esta serie de procedimientos representaron una persecución “para-procesal” (Rafecas, Daniela y Gabriela Andreozzi, Juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina, Atuel, Buenos Aires, 2011), es decir, procedimientos no formales para castigar a sujetos sin la existencia comprobada de la comisión de un delito —por esa razón es tan importante la presunción de inocencia como un derecho constitucional que limita las facultades del poder del Estado—, sin proceso y sin sentencia, lo que ocasionó la desaparición y muerte de muchas personas —se estima que fueron hasta 30 mil—.
Debido a estos lamentables sucesos en América Latina, el Derecho avanzó bajo principios teóricos que era necesario poner en la práctica por los crímenes que se cometieron en masa, los cuales desafortunadamente son repetitivos como en México y, desgraciadamente, su persistencia se sustentan en la falsa concepción de que “un muerto es una desgracia, 30 mil muertos es una estadística” (Tzetan Todorov).
Lo que sucedió en el Derecho fue que se consideró la necesidad de conocer la verdad de los crímenes e implementar juicios que permitieran descubrir a los autores materiales e intelectuales de esos delitos, conformados desde el propio Estado en los países de la región sur, no para buscar una indemnización por parte de los familiares ni por un acto de venganza, sino por el derecho a conocer los acontecimientos que representaron la muerte y desaparición masiva —pero selectiva— de seres humanos que debe contar con el derecho básico de la justicia, como opina Lorenzetti: “La justicia es un valor y como tal, no tiene limites, ya que su realización debe ser perseguida por todos los medios. Es una aspiración social permanente y es una política de Estado que está a cargo de los tres poderes, y que además requiere una fuerte participación comunitaria” (Lorenzetti, Ricardo, El arte de hacer justicia, Sudamericana, Buenos Aires, 2015), y el sustento de los derechos, el respeto a la dignidad humana.
De este modo, se declararon inconstitucionales las leyes de amnistía —inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, en el caso Simón- inconstitucionalidad de los indultos -en el caso Mazzeo, del 13 de julio de 2007—; por su parte, la causa 13 del año 1985, conocida como “El juicio de los comandantes”, a cargo de la Cámara Criminal y Correccional Federal, “fue el primer caso en el que se aplicó la tesis de Clouse Roxin sobre autoría mediata, un aparato organizado de poder” (En: Lorenzetti, Ricardo y Alfredo Kraut, Los derechos humanos: justicia y reparación, Sudamericana, Buenos Aires, 2011). Todo ello, atendiendo a la trascendencia de la vida y el respeto a cualquier persona.
En este año en que se conmemoran 40 años de ese golpe de Estado, resulta que justo este 24 de marzo el presidente de los Estados Unidos acudirá a Argentina, lo cual, más que una oportunidad de incrementar y, en ciertos casos, reanudar las relaciones comerciales, diplomáticas y económicas entre estos países, puede ser observado por la población como una sobredosis de dolor.