Silvino Vergara Nava
“Nuestro país decidió romper la inercia
que había hecho de la justicia el
privilegio para un pequeño sector
de la sociedad; también decidió cerrar los
métodos que hicieron del Poder Judicial,
el espacio al que solo accedían los
más acomodados de nuestra sociedad,
el reducto donde el derecho se
convirtió en obstáculo para el
cambio y el foro desde el cual,
con lenguaje elegante y elitista,
se le daba la espalda al pueblo.”
Ministro Hugo Aguilar Ortiz
Una de las funciones más importantes en un Estado, desde que se concibieron como estados de derecho en la modernidad es la administración de justicia, para que “nadie se haga justicia por su propia mano”, para que no se juzgue por envidias, razones políticas, de religión, étnicas, etc., es que se requiere de la institución del Poder Judicial y un poder judicial distinto a la administración pública y a los legisladores, para que juzgue con neutralidad, con técnica jurídica, se decía en el mundo moderno que el Poder Judicial es “el más técnico de los poderes”.
En parte, el estado moderno nació por la necesidad de esa separación de poderes que se requería para evitar los gobiernos totalitarios, y desde el campo económico, de los negocios y contratos, es el Poder Judicial vital porque este garantiza el poder de la palabra, de los acuerdos y convenios, de los tratos comerciales, si la economía se desarrolla y crece es porque atrás hay un sistema jurídico que lo respalda adecuadamente, hay certeza a lo que le llaman “Seguridad jurídica”, y esta es la herramienta más importante para el ejercicio de los derechos de libertad, en resumen: no hay libertades sin seguridad jurídica.
La reforma de hace dos años a la Constitución mexicana, el 15 de septiembre de 2024, tuvo como razón principal la descomposición que tenemos en nuestra sociedad, cada día más violencia, la impunidad para quien comete el delito, los juzgados utilizados muchas de las ocasiones para venganzas políticas, se le persigue al inocente o a la victima, la corrupción se encuentra en niveles in-imaginables, los órganos del Poder Judicial conformados por amigos, familiares, parientes de los titulares, todas estas eran las causas que se plantearon y que originaron esa reforma judicial, sin embargo, hay un dicho muy mexicano que establece que: “la medicina sale peor que la enfermedad”
Para saber si este dicho se puede comprobar con la reforma al Poder Judicial Federal, es necesario esperar un tiempo determinado, tampoco esperar una generación, sin embargo, a dos años de esa reforma, que aun es muy reciente, y a un año de la nueva integración de la Corte, es que resulta necesario, si bien no evaluar, por lo menos averiguar si estamos por el camino correcto, porque las cifras económicas que se ponen día a día en la palestra por las empresas evaluadoras para invertir, ponen aun más en el predicamento a la inversión en México, y en parte, su justificación se debe a esta serie de reformas que modificaron al Poder Judicial.
Una de las principales criticas a todo este cambio judicial se debe a que la elección popular no es el mecanismo idóneo para nombrar a estos ministros, magistrados y jueces, que estos deben de contar con una adecuada capacitación para llegar a esos cargos tan importantes, porque muchas de las ocasiones las decisiones que se toman en una sentencia, no son solamente en beneficio o perjuicio de las partes en controversia, sino que el efecto de esa sentencia es para la propia sociedad, para la generalidad de la población.
Se necesita de personal que tenga un conocimiento muy claro de la administración de justicia, que es una labor sumamente compleja, técnica y demandante, que no es nada mas trascribir documentos de uno a otro lado, o firmar, sino que la firma y el trasladar esas razones y argumentos jurídicos afectan y tiene consecuencias sobre muchas personas, se insiste no es solamente a las partes de un juicio.
Sin embargo, como la administración de justicia no es algo mecanizado, industrializado, a pesar de la existencia de la inteligencia artificial y otros aditamentos tecnológicos, sino que sigue siendo sumamente artesanal como en los tiempos de los propios romanos, depende el funcionamiento de cada juzgado o tribunal de la persona que está a cargo, por ello es que una posible evaluación no puede ser tan generalizada, ya que depende mucho del funcionamiento y eficacia de los tribunales y juzgados de quienes están al mando de ellos, que esto ya se encuentra en el plano operativo.
La eficacia y prontitud en atender al publico, la tardanza de las resoluciones, las notificaciones, etc., todo ello depende muchas de las ocasiones de sus titulares, por mas que la ley establezca plazos o ciertas regulaciones, esta parte operativa depende de cada titular y en esto hay muchas contradicciones, habrá jueces, magistrados y ministros que llegaron con el ímpetu y vocación para el trabajo, y otros más que al ver el volumen de trabajo y su complejidad, prefirieron renunciar.
Pero, lo que si es algo que se puede eficientar en esa parte operativa, son algunas reglas y procedimientos que se pueden normar e implementar, como por ejemplo; abolir tantos días inhábiles, que dicho sea de paso, para este día 16 de septiembre, resulta que se tomaron tres días inhábiles, que si bien aparecen en la ley, bien que se puede eficientar el trabajo aboliendo ese tipo de prácticas.
Necesitamos más dinamismo en la administración de justicia, esta comprobado que los países salen adelante con el trabajo de sus ciudadanos, si lo que hacemos es exactamente lo contrario, que sumamos y sumamos tantos días inhábiles, en este caso en la importantísima administración de justicia, poco se puede hacer para mejorarla, que sigue siendo algo urgente, porque estamos ante la presencia de una sociedad cada día más violenta y entre muchos de los factores que lo han ocasionado, es precisamente la administración de justicia, y que a veces pareciera como reacción a esta situación, el grito entre los ciudadanos de a píe: “que cada quien haga lo que quiera”
(Web: parmenasradio.org)