Silvino Vergara Nava
“Los Estados son necesarios para
proporcionar bienes públicos que los
mercados no proporcionarían por sí
mismos, de la previsión meteorológica a la
asistencia sanitaria pública, pasando por
el sistema judicial, la seguridad de alimentos
y medicamentos y la defensa nacional”.
Francis Fukuyama
En estos tiempos del neoliberalismo, resulta necesario que los Estados implementan medidas que puedan frenar ciertas actividades económicas en las que se desarrolla la iniciativa privada, que se les ponga a esas empresas privadas ciertas restricciones para poder permitir, entre otras cosas, un libre mercado ciertamente regulado para que no crezcan grandes monopolios que se devoren la competencia, ya que los monopolios acarrean el problema del control de precios por empresas privadas y el control en el suministro de los productos de los que dominan en el mercado, por ello es que se implementan organismos gubernamentales especializados que regulan un sector muy específico y tecnificado de la economía que se dirige por cuestiones estrictamente técnicas, otro de los supuestos es que, se requiere que se implementen medidas para promover el suministro de ciertos servicios o productos de los que posiblemente la iniciativa privada no se inmiscuye, o bien, que requiere de ciertas calidades para salir al mercado, lo cual ciertos organismos del Estado deben de aprobar y vigilar. Toda esa serie de medidas se implementan por organismos públicos del Estado y, por ende, esa función se denomina como: “Estado regulador”
El Estado regulador consiste en la intervención del Estado en la economía, en forma directa para suministrar bienes o servicios que el mercado no brinda espontáneamente o bien, para rectificar los fallos de este, esas medidas se han instalado en México desde hace mucho tiempo, por eso la creación de diversos organismos como son, entre otros: Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por citar algunos de ellos.
Estos organismos muchas de las veces como órganos desconcentrados de la propia administración pública, otras de las ocasiones como órganos autónomos, es decir que no forman parte de ninguno de los poderes, en ambos casos, cumplen funciones muy importantes dentro de la economía de las naciones, sobre todo porque el interés es que sus medidas sean lo más técnicas posible, es decir que estén fuera de toda decisión meramente política y que se encuentre su función impregnada de conocimientos sumamente técnicos para que se tomen las mejores decisiones que no provoquen un desequilibrio en el suministro de bienes o servicios para la población en general.
La reciente iniciativa presidencial de que algunos de estos organismos desaparezcan, estriba en dos razones que no tienen que ver con su naturaleza técnica, sino en la deformación de esos organismos, la primera que resultan excesivamente onerosos para el Estado, pues cuando se crearon en los tiempos del auge de la economía neoliberal, se requería de que se implementaran esas medidas regulatorias, pero a costa de grandes costos salariales, los funcionarios que se encuentran en esos organismos cuentan con salarios extraordinarios, exorbitantes y que muchas de las veces pareciera que no se devengan correctamente.
La otra razón de desaparecer o fusionar esos organismos, además de esos altos costos, se refiere a que pareciera que cuando se crearon no se les otorgaron las atribuciones y facultades suficientes como para cumplir con sus cometidos, es decir, las inspecciones y vigilancia que llevan a cabo son muy pobres en atribuciones para hacer cumplir sus decisiones, y, por otro lado, son organismos tan pequeños que no tienen la infraestructura para abarcar todas las necesidades del sector que les corresponde para todo el territorio nacional, por ello es que, hay una diversidad de leyes administrativas que les corresponde aplicar a esos organismos y que no tienen la infraestructura y la capacidad de lograrlo, por ello es que estamos ante la presencia de organismos que tienen muy poca presencia para cumplir con las funciones del Estado regulador que se requiere.
En resumen, la falta de atribuciones de esos organismos y la falta de infraestructura de los mismos, porque los recursos económicos que se le destinan se van en altos sueldos, es que, hacen inoperantes dichos organismos. En algunos de ellos, se les otorgó ciertas atribuciones para lo que se denomina como: “Ponerle dientes”, para hacer cumplir sus decisiones, tal es el caso de la PROFECO, Procuraduría Federal del Consumidor, que se le dio la atribución de cobrar sus propias multas, pues antes de esa reforma en junio de 2018, resulta que imponía multas, pero nadie las cobraba, por ende eran ineficaces esas medidas de ese organismo, lo mismo sucede con el IMPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que debido a la nueva ley de la materia, impuesta por el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, es que se le otorgó atribuciones de cobrar sus propias multas, pues sucedía que imponían las multas, pero nadie las cobraba, sin embargo, existen otros organismos que se encuentran en la incapacidad de contar con esos “dientes” y su poca infraestructura, tal es el caso del Instituto Nacional de Derechos de Autor, y otras instituciones más, incluso, ¿Quién ha tenido la experiencia de una revisión en materia de protección de datos personales?, en teoría, todos los que cuentan con información de terceros –sus clientes o pacientes- deben de cumplir con esa ley, pues lo cierto es que esas son las razones por las que se pretende disolver, fusionar, modificar esos organismos, porque si bien como muchas cosas que nacen de la política, se crean con buenas intenciones, son ineficaces jurídicamente. (Web: parmenasradio.org)