Silvino Vergara Nava
“Millones trabajan por cuenta propia
sin crédito ni tecnología.
Arriba dominan pocos conglomerados,
en medio hay una escalera rota.
Al pequeño se le exige heroísmo.
Al grande se le ofrecen infraestructura,
contratos y rescates.
El fracaso del primero es privado,
el del segundo puede volverse nacional.
José Romero
Una de las reformas más importantes en la administración pública federal anterior fue la que correspondió a la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2021, unos meses después de que entrará en vigor el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, que a cinco años se muestra esta serie de reformas legales que, se debieron más por presión externa que por intención propia en las políticas económicas y laborales de México, y consiste en la reforma para combatir las outsourcing e insourcing, que propiamente es la denominada: terciarización.
No es un secreto que los gobiernos norteamericanos han observado que la ventaja competitiva de México siempre fue el bajo costo de los salarios, por ello es que durante muchos años sobrevivió la economía mexicana con las maquiladoras, particularmente textiles y luego de auto-partes y ahora de productos del campo, a lo que se denomina como monopsonios, pues se depende de un solo cliente, quien fija los precios de los insumos, determina cuales son, sus proveedores, y las condiciones de esas mercancías maquiladas.
En los últimos ocho años, lo que ha sucedido es que se han presentado una serie de modificaciones a la legislación laboral, fiscal e incluso, administrativa en México para que sea cada día más compleja la carga laboral en México, por eso es que no es nada extraño que se encuentren noticias en donde aparece que hay empresas norteamericanas que pretenden salir del país, cambiar sus planes e inversiones en México a mediano o largo plazo.
Desde el aumento de los salarios mínimos, pasando por esta reforma de la subcontratación de hace cinco años, la serie de cargas administrativas y la reforma constitucional sobre la reducción de la jornada laboral, todas estas apuestan a que sea cada día más compleja la contratación laboral, sin perder de vista que en el ambiente generalizado se ha apostado a dividir a la sociedad mexicana, entre patrones y empleados, ricos y pobres, empleados y desempleados, jóvenes y viejos, etc., que poco a poco han sumado con la complejidad en cualquier relación laboral, todo un cóctel para incentivar a no invertir en México instalando fabricas, empresas, maquiladora con un gran número de personal.
Resulta que a los cinco años de la reforma fiscal-laboral sobre la subcontratación, la fiscalización se encuentra paralizada, la única fiscalización es la mediática, ya que son los medios, las conferencias, las redes sociales, las circulares de las instituciones del estado competentes para fiscalizar este rubro que sistemáticamente sostienen que realizaran procedimientos de fiscalización, sin embargo esto no ha sucedido como regla general.
En realidad, lo que ha sucedido es que no hay una aplicación tajante de esta reforma, se ha dejado pasar con mucha flexibilidad, salvo el registro que se debe de mantener vigente, fuera de ello es poco lo que ha sucedido con la fiscalización, a lo que en el derecho administrativo se le ha denominado como: “tolerancia administrativa”, que consiste en que, a sabiendas, las instituciones del Estado de que la subcontratación con todas sus regulaciones no se ha cumplido a cabalidad por los sujetos obligados, que incluso, la ausencia de pago de las aportaciones y contribuciones del prestador de los servicios de subcontratación se convierte en responsabilidad solidaria para sus clientes, se ha optado por mantener las inspecciones a lo lejos, ya que implementarlas sería acabar con las pocas fuentes de empleo con que cuenta la nación, más o menos de carácter formal.
Basta con analizar las estadísticas respecto a la economía informal, los empleos que brinda esta, la complejidad de cumplir como proveedor de servicios de subcontratación y aun más, la serie de cargas y obligaciones con que cuenta el cliente para cumplir con esas regulaciones, todo lo que ocasiona es que se haya relajado el cumplimiento de esas obligaciones, pero se insiste el Estado no puede sacar la espada y repartir revisiones, porque nos quedamos sin economía formal, simplemente hay que remitirse nuevamente a las estadísticas para observar que muchos de los empleados en México se encuentran dentro de las medianas y pequeñas empresas, ¿Que será una revisión masiva de esas obligaciones?
Lo cierto es que esta reforma, así como la que corresponde al régimen simplificado de confianza, son ejemplos de que la legislación fiscal, propiamente las políticas públicas para la inversión, están peleadas con la economía de la nación y sobre todo con los ciudadanos de a pie.
(Web: parmenasradio.org)