Silvino Vergara Nava
“Los economistas asumen que los seres humanos
están incentivados por los recursos materiales
o bienes. Pero, se olvidan del thymós, la parte
del alma… reconocimiento de la dignidad o el
estatus de una persona.
” Francis Fukuyama
Eran los tiempos de finales de los setenta en los países del primer mundo que evidenciaban que se estaba colapsando el Estado Social de Derecho o, también llamado: “Estado prestatario”, por ello es que, al asumir sus cargos Margaret Tatcher y Ronald Reagan, respectivamente, en Reino Unido y en Estados Unidos de América, se fueron reduciendo esos derechos sociales de los que se vivió en la bonanza, desde el fin de la segunda guerra mundial hasta esas fechas, por lo cual, no había escapatoria, más que la reducción de esos derechos sociales ante el colapso de la década de los setenta de las crisis petroleras.
Esos derechos sociales, que en el fondo se crearon al final de la segunda guerra mundial para no colapsar el fin de esta y, con ello, evitar particularmente en Europa, una guerra civil interminable, es que se dotó a la población, sin distinción alguna, de una serie de derechos desde los derechos a la vivienda, empleo, educación, salud, para mantener la paz social, pero esto no era nada barato, por el contrario, se le puso un hasta aquí, precisamente porque esos derechos son interminables e inagotables, por ende, había que cambiar las políticas públicas al respecto.
Y, en esos países si bien se goza de esos derechos sociales aun, lo que sucedió es que también se constató que era la única forma de mantener al pueblo con la tranquilidad suficiente para que los gobernantes puedan seguir en sus cargos públicos y de paso, en sus negocios turbios, por ello es que, ante la regla de oro de los gobiernos de la actualidad de que es preferible para el Estado: “Ser amado que, temido” y, no a la inversa, como rezaban los principios de Tomas Hobbes: “El Estado debe ser temido y no amado”, es que se observó que era la mejor forma de gobierno, la denominada: “democracia social”, en donde se aparenta que se elige a los gobernantes y resulta que, estos a cambio, brindan derechos sociales a su población, sin distinción alguna.
Hasta aquí, todo va de maravilla, el problema es ¿quien paga esos derechos sociales?, particularmente, esas pensiones generalizadas a la población, porque para ello no hay dinero que alcance, no obstante que estos derechos son una formula mágica que funciona para todos, para el Estado, para mantener tranquilo a su pueblo bueno y sabio y, sobre todo, dependiente del propio Estado, por eso esa máxima: “no vivimos en el Estado, vivimos del Estado”, pero también, para los grandes monopolios y duopolios, que se instalaron en el mundo occidental auspiciados por sus propios gobiernos, ahora estos obligan a las naciones para que estas brinden pensiones que servirán para que estas empresas cuenten con consumidores de sus productos y servicios.
Pero, lo que no se ha dicho claramente es, ¿y de donde salen las pensiones?, pues es muy fácil regalar, pero no es simplemente repartir pensiones, es necesario saber de donde salen los recursos para ello, que en parte es de los organismos internacionales que brindan créditos a los Estados, con la condición de imponer diversas leyes, instituciones, brindar ciertas concesiones, etc., pero eso no es suficiente, también el Estado requiere de otras entradas de dinero, como debería ser principalmente los impuestos.
Sin embargo de los impuestos, las grandes empresas, monopolios y duopolios no cubren lo que deberían de cubrir, para ello formulan esquemas de tributación que permiten un ahorro significativo en ellos, desde luego que, eso no significa que no paguen, pero no es el monto que debería de ocurrir, por su parte, el resto de los contribuyentes son los que cuentan con la carga fiscal más alta hasta, prácticamente ahorcarlos, que son las empresas nacionales, medianas y pequeñas, esas empresas son las que cuentan con el mayor número de personal permanente por su incapacidad para poder tecnificar sus procesos y por otro lado, son los que deben de pagar los impuestos al 100%, sin mucho margen de opción y lo peor de todo deben de competir con sus productos y servicios con las grandes empresas y cadenas, lo cual provoca diversas situaciones, o bien, las revientan y, en el mejor de los casos, las acaban comprando o desaparecen.
Sobre esas empresas o contribuyentes es que va encaminada toda la carga de las autoridades fiscales y sus facultades para cobrar, ¡hasta debajo de las piedras!, lo peor, sin margen de apoyo para su crecimiento, lo que ha provocado que cada día cierren más empresas o bien, que dejen la economía formal, siendo que ambas cosas afectan de manera grave a la economía de los estados-nación. Y estos, lejos de permitir flexibilidad para su crecimiento, que se convierte en oxigeno puro de las instituciones del Estado para recaudar, las ahogan, la asfixian, las aniquilan.
México, es una muestra viviente de ello, en una estadística de: “Global Bussines Complexity Index”, publicada en el mes de mayo de 2025, resulta que, dentro de 78 países, nuestra nación está ubicada en tercer lugar de los países más complejos en trámites administrativos y fiscales, lo cual, hace imposible que se pueda mantener esta burbuja de pensiones, si es que no se permite el crecimiento, menos aun, el florecimiento de nuevas empresas, por ende, le queda un universo muy reducido al Estado para recaudar impuestos.
Y para rematar esta realidad, es que el banco mundial sostuvo recientemente que, el crecimiento económico en América latina para este año, México se encuentra en el último lugar, debajo de países como Nicaragua, Honduras y Bolivia.
La solución no es imposible, pero tampoco es ir a copiar lo que están haciendo otras naciones, con viajes de funcionarios pagados por el propio gobierno, la solución es de sentido común, facilitar, flexibilizar la actividad económica en permisos, licencias, autorizaciones, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, no estrangular a las empresas, evitar que el dinero de los mexicanos se ponga en otras naciones, o en proyectos de economía subterránea.
Recientemente, se formuló otra reforma constitucional, en fecha 15 de abril de 2025, una reforma para la simplificación y digitalización administrativa, que no se le ven buenos propósitos, pues atrás de esa reforma bien que se encuentran las grandes empresas globales de la tecnología de la información y los jugosos contratos para cumplir con esa reforma constitucional. Es muy claro que: ¡sin empresas, no hay pensiones!. Lástima que nuestros funcionarios no leen el sentido común. (Web: parmenasradio.org)