Silvino Vergara Nava
“¿Tenemos, aquí en Occidente,
algún derecho a condenar a los
excluidos cuando utilizan
cualquier medio,
incluido el terror, para
combatir su exclusión?”. Slavoj Zizek
25 años después de esos atentados en Nueva York el mundo jurídico no volvió a ser igual. Al contrario, se ha modificado tanto que es muy distinto el derecho, la legislación, la jurisprudencia de aquellos tiempos a la actual en los países del mundo occidental, sin embargo, lo que se mantiene aun casi intacto es la doctrina jurídica, poco se ha modificado de la doctrina jurídica de hace 25 años a la actual, quizá ese sea uno de los grandes problemas que se presentan con el estudio del derecho actual y con las generaciones de estudiantes de derecho que resulta que salen de las universidades aprendiendo con legislación actual, pero con las bases doctrinales de hace 25 años. Desafortunadamente, la academia jurídica es de las que menos se ha percatado que el mundo jurídico cambió hace 25 años.
Y es que dentro de tantas medidas que se implementaron para evitar estos ataques, de las principales fue tratar de evitar el financiamiento al terrorismo, el problema que se presentó, es que el propio sistema se topo con otro problema aun mayor, que los sistemas tributarios en el mundo occidental son bastante onerosos para los contribuyentes, por ende, estos buscan esquemas jurídicos alternos para evitar el pago excesivo de impuestos, es una realidad que la historia de las grandes fortunas en el mundo se generaron porque en algún momento hubo actos de evasión de impuestos, por lo cual se tenía que agudizar la vigilancia tributaria.
Entonces, había que combatir esos esquemas jurídicos para la omisión del pago de impuestos, por ello es que se endureció el derecho fiscal, y se transformó en un derecho fiscal de la sospecha, ya que presume que cualquier contribuyente de a pie, puede ser sujeto que cometa infracciones o delitos fiscales, por lo cual había que aumentar la vigilancia sobre él.
Pero, así como sucedió este incrementó a la vigilancia, del otro lado, en parte por los errores legislativos, por la falta de sensibilidad para tratar a unos contribuyentes correctamente y a otros con el mayor rigor, la falta de la carrera civil en las oficinas tributarias, y sobre todo la corrupción, es que se fortalecieron dos tipos de empresas ilícitas, a las que se les denomina como empresas fachada y empresas fantasma, esto con fines diversos, pero que entonces la tarea del Estado fue tratar de combatirlas.
Así, lo que sucedió es que se agudizó la persecución a las empresas fantasma, particularmente con la reforma fiscal de 2014, la última reforma hacendaria en este país, en donde se implementó un procedimiento administrativo para que las autoridades fiscales persigan a los contribuyentes que emiten comprobantes fiscales, sin que cuenten con personal para justificar esa operación, además, no cuentan con domicilio fiscal, infraestructura y activos para ello, por lo cual, es a lo que se denomina como: “Empresas fantasma”, es decir, los “factureros” que hoy desafortunadamente, subsisten la margen de la ley.
El problema se centró en las empresas fachada, que son aquellas que si cuentan con personal, con domicilio fiscal, es más perfectamente soportado, con activos y con infraestructura, pero que estos obtienen ingresos que no son lícitos, es decir no cuentan con clientes, en realidad, el dinero que perciben es proveniente de delitos, como es el caso de los secuestros, narcotráfico, delincuencia organizada, etc. pero estas empresas si presentan sus pagos de sus impuestos, a veces atrás de ellas están las empresas fantasma, a veces no es así, y cumplen con sus obligaciones fiscales, pero el problema es que su dinero es de procedencia ilícita, es decir se trata de actos de lavado de dinero.
A estas empresas “fantasma”, el problema es que no había quien las persiguiera, no hay autoridad que se encargue de ellas, menos la autoridad fiscal, ya que estas pagan sus impuestos de acuerdo a “esos ingresos” y tiene soportadas sus deducciones, cuentan con su personal, etc., resulta tan grave el problema que el presidente norteamericano D. Trump, ha estado insistiendo que México es un país en donde se lava dinero, por ello es que, se debe de acabar con la delincuencia organizada, esto con ese afán que se generó en las políticas públicas norteamericanas desde hace 25 años para evitar actos de terrorismo.
Atendiendo a esa presión es que se reformó el código fiscal de la federación para que se implementara un procedimiento exclusivo y sumamente técnico en 2026, para verificar la autenticidad de los comprobantes fiscales que expiden los contribuyentes por sus operaciones, procedimiento que no es nada sencillo de llevar a cabo, requiere mucho más capacidad de los funcionarios de hacienda que la simple revisión documental de la contabilidad, o la revisión de los errores aritméticos de los contribuyentes, por ello es que una de las consecuencias de ese lejano 11 de septiembre de 2001, es esta última reforma fiscal y adición a un nuevo procedimiento previsto en el artículo 49 bis de ese código fiscal de la federación, que lo que está enfocado es a perseguir a las empresas “fachada”, esas que se vieron durante muchos años sin persecución alguna, hoy el derecho fiscal de la sospecha se encarga de estas, un derecho fiscal de la sospecha sin doctrina que lo sustente, más que la justificación de los sucesos de hace 25 años.
(Web: parmenasradio.org)