Silvino Vergara Nava
“¿Los juristas están llamados a regular
una cascada de normas, o
sumergirse en la
complejidad de la vida?”
Gustavo Zagrebelsky
Desde los tiempos del presidente F. Calderón, les guste o no les guste a muchos, se ha sostenido por las autoridades fiscales que no se requiere de contador público, de un asesor para poder presentar los contribuyentes las declaraciones y en general cumplir con las obligaciones fiscales, las políticas públicas desde esos tiempos se han encargado de eso, por ello es que en materia fiscal no ha habido transformación, lo que hay es represión, particularmente psicológica.
Hay que recordar la gran reforma de Peña Nieto, que fue la reforma hacendaria, en ella lo que sucedió es que se presentó una serie de reformas para dejar aislado al contribuyente, en primer término, desapareció prácticamente la auditoria, ya no resultó obligatoria meramente optativa y para algunos.
En esos tiempos de 2015, en materia de comercio exterior, desapareció el apoderado aduanal y se implementó que el servicio del agente aduanal era optativo, por lo cual todo iba destinado a aislar al contribuyente, a que este no contara con auditor, con agente aduanal, y por ende, se insistía que ni con contador público.
Desde los tiempos del presidente V. Fox se fue implementando la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que se quedó por razones políticas y de presupuesto en la palestra durante mucho tiempo, hasta que propiamente dio el salto en el año de 2014, con la implementación de los acuerdos conclusivos, que revolucionó la poca participación con que contaba ese organismo autónomo, que por cierto, está en vías de desaparecer su autonomía, aunque dichos sea de paso, este organismo, en lugar de anunciar a los cuatro vientos cuantos contribuyentes atendió en los acuerdos conclusivos y a cuantos los defendieron de acciones ilegales y arbitrarias de las autoridades, lo que se pone en la palestra de los medios de comunicación es lo que se recauda en esos procedimientos de acuerdos conclusivos, lo cual demuestra que se trató de un simple procedimiento para evitar que se acuda a los tribunales por parte de los contribuyentes.
Las múltiples reformas que se han presentado en el campo de las facultades de gestión es otra forma de evitar que se acuda a los juicios, como es el caso particularmente de las exitosas invitaciones, que ahora se les denomina como exhortos, programa de vigilancia profunda, etc., que no es otra cosa más que evitar que se acuda en esos procedimientos a los tribunales y que los contribuyentes tengan la necesidad de pagar lo que corresponda, aunque no sea ajustado a la ley, todo por la amenaza de la restricción y posteriormente, revocación del certificado del sello digital.
Pero, eso no es todo, adicionalmente hay que considerar que en los tribunales se ha ido perdiendo la procedencia de sentencias favorables a los contribuyentes por meras violaciones formales, que en su momento eran las que rescataban del precipicio a miles de contribuyentes. Las cosas ya no son así desde 2004, con la reforma de las violaciones invalidantes y no invalidantes, no obstante todavía hay mucha incredulidad, ignorancia e inocentes que siguen esperanzados en esos argumentos formales, desde luego también hay otros que no tienen alternativa alguna al respecto, más que plantear esas violaciones formales.
Una mas de estas medidas para ahuyentar de los litigios a los contribuyentes es la creación de los medios alternativos de solución de controversias, de los que se asume que deben de implementarse más por una presión internacional que por ser un mecanismo proveniente de la cultura jurídica mexicana, hay que recordar que la reforma para ello es desde el 18 de junio de 2008, y poco se había hecho para ello, hasta que se tuvo que implementar por esa presión internacional.
Conciliar desde el ámbito administrativo y fiscal deja muchas dudas, por lo menos ya está funcionando esa legislación, el beneficio de estos procedimientos deberán evaluarse, porque sinceramente pareciera que no hay buenos augurios al respecto de esas medidas.
Después de este simple repaso, falta lo primordial, no se acude, como en antaño sucedía a los litigios fiscales, simplemente porque se ha aumentado la corrupción de forma excesiva, inimaginable, en todos los niveles de gobierno, en muchas de las instancias fiscales, afortunadamente, todavía quedan restos de espacios en donde no existe eso y esto mantiene a flote el estado de derecho en México.
Pero, no nos podemos explicar, por ejemplo, que sigue creciendo la economía informal, que en muchas de las entidades federativas el mayor porcentaje de los empleados se encuentran en la economía informal, si es que ya se hubiera terminado la corrupción, esto no tiene lógica, y ese es el talón de Aquiles del sistema tributario mexicano, lo hicieron como un cinturón de castidad para no acudir a los litigios fiscales, que ha buscado salidas y la más cómoda es la maldita corrupción.
(Web: parmenasradio.org)