Silvino Vergara Nava
“Lo que la ley no prohíbe,
puede prohibirlo la honestidad”.
Seneca
Una de las faltas más graves y por ende, de las más castigadas de responsabilidad de los servidores públicos en México, debería de consistir en que los servidores públicos aprovechándose de su cargo divulguen información que es confidencial por parte del Estado, que no debe ser del conocimiento de la generalidad de la población, no obstante que lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se promulgó debido a la reforma constitucional para combatir la corrupción publicada en el diario oficial de la federación el 27 de mayo de 2015, pareciera que es una falta administrativa de la que pocos servidores públicos conocen que se trata de una falta o bien, a sabiendas de que es poco investigada y sancionada por las autoridades correspondientes entonces, es muy común que los servidores públicos vendan la información o se aprovechen de ella para ofrecer servicios, trámites sin tantos impedimentos.
Si bien, en los medios de comunicación se habla de la gran corrupción nacional, de los grandes fraudes, sobornos, de personajes que nunca se van a ver en vivo por cualquier ciudadano, pero la que afecta inmediatamente a los ciudadanos de a pie.
No son estos grandes casos de corrupción que insisten en los medios masivos de comunicación, sino los que se llevan cabo todos los días en la ventanilla, en la fila de atención al público, en el tramite de la oficina pública para una licencia, autorización, permiso, concesión, etc., esta es la corrupción que se puede denominar como: “callejera o de banqueta” que afecta la actividad diaria de los negocios, de la pequeña y mediana empresa, porque las grandes empresas siempre tienen la posibilidad que, con el simple nombre se le abran las puertas o que al tratarse de “inversión extranjera”, el tratamiento sea de primer nivel, sin necesidad de pasar por esas filas engorrosas, menos aun de pasar por esa serie de funcionarios que hay que cooperarles para el desayuno, para que pase rápido el trámite, etc.
El problema de esta corrupción callejera o de banqueta es que aumenta el costo de los insumos, bienes y servicios, por ende, incrementa el costo de la vida diaria de la población, esa es la corrupción que más le duele al ciudadano, sin embargo es la más común.
Ya los negocios pequeños, medianos, e incluso los grandes negocios saben que hay que contar con una partida, un ahorro o una provisión para el pago de esas cooperaciones acudiendo a las oficinas públicas.
Pero, como esa corrupción que existe callejera o de banqueta, en las ventanillas de las oficinas de gobierno, en los trámites ante las autoridades de la administración pública, llámese federal, estatal o municipal, se ha normalizado, es decir, se ve como algo común, parte la costumbre y las actividades diarias. Infelizmente esas prácticas se han potencializado.
Hoy, observamos que, se ha incrementado el mercado de la corrupción, y esto se logra con el uso indebido de información confidencial, que se trata de una falta grave por parte de los servidores públicos, y que está en la ley, sin consecuencia alguna.
Hoy, no es noticia que se conozca que hay servidores públicos de baja jerarquía en la administración pública e incluso, los que se encuentran en altas posiciones, y de baja calidad moral, que ya eso es lo de menos, permanentemente están divulgando información confidencial de sus funciones para que con esta información se estén ofreciendo trabajos, servicios, asistencia a los usuarios de los servicios públicos.
La divulgación de información confidencial de los archivos de las instituciones de la administración pública, de los memorandums, de lo que va a suceder con una notificación, con una resolución en un expediente a un simple gobernado, es algo que no debería de informarse a terceras personas, es evidente que está penado como falta grave.
Resulta que hoy es tan común que se compre esa información de los archivos de las instituciones de gobierno por medio de despachos con pocos escrúpulos y con capacidad mínima de captar clientes y de conocimiento de sus servicios, que no puede titularse esos despachos como oficinas de asesores de empresas, de contadores públicos, de abogados, de administradores de empresas, de asesores de negocios, sino simples oportunistas que ven la posibilidad de conocer los archivos de las autoridades, con el pago respectivo, para poder acudir a ofrecer sus “servicios” de asistencia.
Esa información que sale de las oficinas de gobierno, es una falta grave sancionada por la ley general de responsabilidades administrativas, que desafortunadamente es poco perseguida investigada sancionada, por ello es que lejos de que la economía formal y necesaria para el crecimiento y desarrollo de nuestra nación se incremente, sucede que se ensancha la economía informal que según datos del INEGI, mantiene a más empleados que la economía formal, así la economía de nuestra nación, así la divulgación de información confidencial, así el futuro de esta nación
(Web: parmenasradio.org)