Dr. Silvino Vergara Nava
«La historia avanza por su lado malo».
George W. F. Hegel
Después de meses analizando «concienzudamente» las medidas legislativas para la prohibición y desaparición de las denominadas outsourcing, considerándolas como el Satanás de las actividad económica del país, además de algunas iniciativas fallidas que llegaron al Congreso de la Unión y se quedaron en el tintero, resulta que, por fin, esta medida, supuestamente acordada con el sector privado y otros económicos (a reserva de averiguar si aún subsisten las centrales obreras y los sindicatos de trabajadores y, sobre todo, que hayan participado en el dialogo de la última iniciativa de reforma), nos será más que otra máquina productora de más burocracia, como si no fuera suficiente con la que está vigente en el país.
En la iniciativa de reforma a las diversas leyes (como a Ley Federal del Trabajo, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al valor Agregado, Código Fiscal de la Federación, Ley del Seguro Social y ley del INFONAVIT), para que operen las empresas que proveen personal especializado a sus clientes, éstas tienen la obligación de inscribirse y pedir autorización a la Secretaria del Trabajo Federal para laborar y prestar sus servicios, lo cual resulta una espectacular propuesta del siglo XX, por allá de los años setenta y ochenta.
Cabe recordar que en esos tiempos todo era burocratización; es más, el presidente del sexenio de 1982 a 1988 propuso la descentralización administrativa y el adelgazamiento de los tramites burocráticos, debido a la serie de trámites absurdos que se presentaban, por entonces, ante las autoridades administrativas, fiscales y de cualquier otra índole; trámites que, lejos de aportar a un mayor dinamismo económico, causaba lo contrario: más lentitud, mayor burocracia, propagación de la corrupción, fomento de arbitrariedades, abuso de autoridad. Y como muestra está que, en esos momentos, se contó con la tasa de inflación más alta de los últimos tiempos.
Esta reciente iniciativa de reforma de diversas leyes para acabar con las outsourcing es una regresión a los años ochenta en este país; incluso, tener que contar con autorizaciones para, simplemente, realizar un trabajo puede ser contrario a la libertad de empresa y de trabajo prevista en el numeral 5° de la constitución. Sin embargo, hoy, con el poder judicial temeroso de la administración pública, poco se puede esperar por ese lado. Por tanto, se visualiza una masa de amparos en contra de la reforma, particularmente, respecto de la autorización ante la Secretaría del Trabajo, ya que, en la propia ley, no se establecen clara ni estrictamente los lineamientos para autorizar o negar la solicitud, sino que las condicionantes de la autorización son muy amplias. Sin lugar a duda, con esta iniciativa legislativa, en México se confirma la sentencia del filósofo del siglo XIX, Hegel: «La historia avanza por su lado malo».
Requerir un permiso con vigencia de tres años que la Secretaría del Trabajo debe autorizar a las empresas que prestan servicios especializados no abona absolutamente en nada a estos «estanflación», es decir, de aumentos de precios de la canasta básica; en nada a tiempos donde el estancamiento en la economía impide que todo proyecto, toda propuesta de crecimiento, toda apertura de negocios o la simple supervivencia no se desarrollan por ningún lado y en cuyo horizonte no se ve ninguna mejora nacional, salvo a costa de la economía de los Estados Unidos de América y de las remesas de los migrantes mexicanos.
Si a esta realidad se le aumenta que la propuesta oficial es que el primero de mayo de 2021 se publicará en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la multiplicidad de leyes ya aprobadas y, luego, que entren en vigor en el corto plazo de cuatro meses (el 1 de septiembre de 2021), lo único que va a ocurrir es un cuello de botella en las oficinas de la Secretaría del Trabajo, que siempre se ha distinguido por ser una entidad poco ágil en sus trámites; es decir, con esto, se espera un simple y generalizado entorpecimiento. Una muestra contundente de que procurar la tutela a las libertades de la población no concuerda en el discurso.
Desde luego, la iniciativa de reforma, si la parte en donde se requiere la autorización de la Secretaría del Trabajo no es modificada por los legisladores, lo único que causará es más actos ilícitos en un país donde abundan las ilicitudes artificiales, es decir, las creadas por el propio sistema, como sería el caso de esta iniciativa; pues cuántas empresas, cuántos negocios, cuántas compañías que no tendrán la capacidad de cumplir con los requisitos que, incluso al día de hoy, se desconocen. Tendrán que seguir trabajando a su suerte y de forma ilícita. En resumen, con esta propuesta de reforma, no nos vienen tiempos mejores. (Web: parmenasradio.org).