“Más fácil que resolver los conflictos es tipificarlos…
Eugenio Raúl Zaffaroni
el conflicto es grave, preocupa al electorado,
algo debemos hacer, pero tipificarlo
no sirve para nada, no lo resuelve”.
Autor: Dr. Silvino Vergara Nava
Hoy es nuevamente un tema mediático-jurídico la regulación respecto al consumo de drogas, pues las prohibiciones de su tráfico y comercialización tienen como finalidad evitar su consumo por la población de los Estados, lo cual ha sido combatido desde hace muchos años, pero ese buen propósito siempre ha fracasado, como lo sintetiza el profesor Elías Neuman: “La llamada «guerra a las drogas» (decretada por el expresidente de los Estados Unidos, Reagan, en 1982)… Muchas personas viven de la droga aunque luchando en su contra… La represión nunca ha podido ni querido prohibir nada. Solo ha servido para incrementar el precio del producto, porque la droga, por así decirlo, debió y debe pagar por su propia ilegitimidad. Traducida en la compra de conciencias de jueces, legisladores, policías, aduaneros, periodistas, gendarmes, políticos, laboratoristas, de toda talla y latitud. El negocio ha servido para generar o robustecer el delito de corrupción y soborno” (Neuman, Elías, “El Estado penal y la prisión-muerte”, Universidad, Buenos Aires, 2001). Sin embargo, ¿cuál es la razón por la cual se encuentran tipificadas como delito una serie de conductas relacionadas con la finalidad de evitar el consumo de las drogas?
El fundamento por el cual se trata de evitar el consumo de las drogas, a decir del profesor Carlos Santiago Nino, es parte del derecho liberal que se encuentra vigente en los países occidentales, que está comprometido con el principio de autonomía de las personas, la cual valora la libre elección de los planes de vida o ideales de excelencia de cada persona (Nino, Carlos Santiago, “Fundamentos de derecho constitucional, Astrea, Buenos Aires, 2005). Para cumplir con este objetivo, se requiere de un Estado “paternalista” que tienda a ayudar a que los individuos puedan elegir libremente los planes de vida, y por razones de paternalismo y de protección a la salud se legisla para evitar el consumo de las drogas, ya que provoca diversos y graves daños físicos que reducen la libertad de decisión de cualquier ser humano.
Así como se reglamenta respecto al uso del cinturón de seguridad en los vehículos, el uso de cascos para los motociclistas, la prohibición de fumar en lugares públicos o establecer lineamientos de calidad para los productos alimenticios, se sigue la misma suerte con el consumo de las drogas. El problema sobre esta materia es que para combatirlo se hace uso del derecho penal, es decir, del poder punitivo que cada día se ha incrementado más en la persecución y las penas, que no han, como sentencia Eugenio R. Zaffaroni, generado ningún beneficio: “Toda violencia debe responder con la no violencia, nunca un conflicto fue solucionado definitivamente por la violencia. Los conflictos que no terminaron en genocidio se solucionaron por la negociación, que pertenece al campo de la política. La globalización, al debilitar el poder de decisión de los estados nacionales, empobreció la política hasta reducirla a su mínima expresión” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, “El enemigo en el derecho penal”, Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009).
De esta forma, es evidente que el consumo de drogas no se combate con el derecho penal, por lo menos ha ocasionado más problemas que la muerte de los consumidores, pero desde hace 40 años es una de las mejores formas para que el Estado justifique sus funciones, instituciones, recursos económicos, presupuestos y, con ello, su propia existencia; pareciera que más que una finalidad de protección al principio de autonomía de las personas cuenta con mejores razones económicas. Por lo menos en esta época posmoderna, en donde pareciera que a los ciudadanos se les trata como consumidores, y en este caso, en voz de Z. Bauman, se les denomina “consumidores defectuosos”, que son “quienes no dejan de ser la versión moderna líquida de los marginados sociales, la única manera de escapar de sí mismos es el alcohol o la drogadicción”; ironizando, el autor finaliza: “En general, el hombre que se inyecta heroína en las venas lo hace, principalmente, por el mismo motivo por el que ustedes se compran un video” (Bauman, Zygmunt, “Mundo consumo”, Paidós, México, 2010).
En conclusión, pareciera que la reglamentación para evitar el consumo de las drogas es más por razones económicas y justificación de las instituciones que por protección al principio de autonomía de las personas y al derecho a la salud, pues incuestionablemente nuestra burocracia está endrogada.