Silvino Vergara Nava
“En materia de corrupción,
no se trata tanto de poner en las
instituciones a gente incorruptible,
si no de dificultar la corrupción con
todos los mecanismos de control
que sean aconsejables”.
Daniel Innenarity
En tiempos de capitalismo financiero, que es una fase posterior o superior al capitalismo productivo, como se le quiera denominar, hablar de “empresarios sin empresa”, resulta común, a pesar de que se pueda escuchar ilógico, desde luego, eso no significa que esté bien, no es correcto, pero existe, y es de lo que se debe de apelar a evitar, controlar o por lo menos, limitar, muy difícil prohibir por el Estado, pero algo se puede hacer al respecto.
En primer término, “capitalismo financiero”, significa un sistema en donde se apela más a la especulación, a que las grandes ganancias estén en la compra y venta de empresas, de acciones de ellas, en la intermediación de esas operaciones, en la intervención de venta de fábricas, empresas, marcas, patentes, etc., en la conexión entre el comprador y el vendedor. En todas esas operaciones, a diferencia del capitalismo productivo, no se requiere de trabajadores, talleres, fábricas y bodegas, equipo de transporte de productos, mercancías, insumos, etc. Es más, en ocasiones, no se requiere, ni de una oficina, más ahora que, después del COVID-19, se habla del trabajo en casa, del famoso “home office”, que ya se verá en un tiempo, no muy prolongado, los problemas psicológicos que representará esa forma de trabajo. Pero, por lo pronto, se ha puesto de moda, sobre todo porque representa grandes ahorros a las empresas, por eso ya se ha intervenido en regulaciones estatales, simplemente basta con considerar los costos que representa poner una oficina, mantenerla y ahora, considerando que los clientes ya no acuden a ellas, ya que prefieren las reuniones por medios digitales.
En ese capitalismo financiero, no se requiere de personal estable y permanente y, en muy contados casos, posiblemente, también solamente por ocasiones, personal sin una relación laboral, sin que exista subordinación, en donde sea por honorarios, por comisión mercantil, proyectos, etc., se pueda contar con cierto personal muy reducido y limitado a funciones específicas, pero con eso se generan grandes ahorros, menos costos y, a decir de los que saben, incrementan la productividad de las personas que trabajan bajo esos esquemas. Un empujón que se ha dado a esos modelos, es lo que sucedió con la reforma para combatir el outsourcing en 2021, que pareciera que, pretendiendo defender derechos de los trabajadores, sucedió todo lo contrario.
También, dentro de esos “empresario sin empresa”, desafortunadamente, se incluyen aquellos que solamente viven de las relaciones gubernamentales, es decir, de poder acercar a funcionarios públicos con los constructores, proveedores de tecnología, de insumos, de servicios y de bienes en general, de quienes requieren de un permiso, licencia, concesión por parte del Estado para poder echar a andar un negocio, por lo cual, para facilitar estos trámites, se ponen en la vitrina de los empresarios, como son las cámaras de comercio, clubes, etc., para exhibirse y sean contratados sus servicios que consisten en contactar a los necesitados de esos trámites con los funcionarios públicos.
El famoso “lobby”, ya más profesionalizados, pues cuentan con oficinas, asistentes, etc., para gestionar permisos, trámites, incluso, al grado de representar intereses de las empresas ante los legisladores, en donde muestran las bondades o los perjuicios que representa una determinada iniciativa de ley, por lo cual gestionan, ya sea porque sea aprobada o reprobada la iniciativa de ley, desde luego, que solamente un grupo muy selecto de empresas, generalmente los monopolios y las transnacionales, son las que tienen posibilidades de contratar a este tipo de “empresarios sin empresas”.
Ahora que la administración pública se encarga de implementar a través de disposiciones administrativas controles de mercancías para su comercialización, es muy común el trabajo de estos “empresarios sin empresas”, ya que empujan para que se implemente alguna norma de calidad que perjudique a la competencia y que apoye a la empresa que los contrato.
Esto resulta ahora con otro tipo de funciones, como es el caso de intervenir en juicios, en tribunales, en juzgados, en donde si bien no tienen idea del asunto, del contenido de este, basta con un memorándum, con una nota informativa para que estos “empresarios sin empresas”, hagan “su trabajo”, acercando los intereses del justiciable a las manos de quienes se encargan de dictar esas sentencias, lo mismo sucede por ejemplo, en el caso de autorizaciones de comercio exterior, trámites aduanales y fiscales. Por ello que, debería de evaluarse que tan cercana es la función de estos “empresarios sin empresas” con la corrupción, en donde su labor deja de ser una función operativa y raspa en la simple corrupción rampante que mucho tiempo ha causado males a la economía, política y al sistema jurídico mexicano, pues estos “empresarios sin empresa”, puede suceder, y es lo más común, que cuenten con más ganancias, utilidades y les sea más redituable esa actividad que la que corresponde al empresario del “capitalismo productivo”, aquel que genera fuentes de empleo, que pone un negocio, un taller, una oficina, una empresa, todo su patrimonio, talento y esperanza en una actividad licita y que en estos tiempos tienen que acercarse a estos “empresarios sin empresa”, para mantener su fuente de empleo. Este es el capitalismo financiero, aquel “neoliberalismo”, que es el que, de verdad, se debería de combatir. (Web: parmenasradio.org)