ArtículosImprudencias legislativas

julio 6, 2021por Editor0

Dr. Silvino Vergara Nava

 

Los gobiernos populistas a través

del atajo “seguritario”. Al no lograr

 resolver los verdaderos problemas, relativos

 a la seguridad social, los líderes populistas

inventan ficciones, relativas a la

seguridad pública-nacional.

 

Mauro Barberis

 

La reforma publicada el pasado 23 de abril de 2021 y aprobada recientemente (por presión del gobierno de Estados Unidos de América) representará, en muy breve tiempo, un mayor número de sujetos que incumplen la ley en México. Tal parece que el propósito del legislador y la iniciativa del ejecutivo estaban encaminados a ello, es decir, a dar nacimiento a una gran cantidad de infractores. Por ello, resultará muy peligroso mantener la reforma en los términos en que se encuentra y, sobre todo, peligroso que las autoridades fiscales sigan a pie puntillas la ley para sancionar a los particulares. Desde luego que el trabajo de esas autoridades es cumplir la ley a raja tabla, pero ello tiene muchas consecuencias de alto riesgo para el país, desde el cierre de pequeñas y medianas empresas, pasando por otra ola de desempleo y terminando con desabastos de productos básicos, todo lo cual terminan en alzas de precios y aumento de importaciones de insumos y productos básicos.

Con el afán de quedar bien con los vecinos del norte, en esta última administración pública federal, se ha pasado de la firma del nuevo tratado de libre comercio, pasando por el penoso programa denominado «quédate en México» en contra de los migrantes, sobre todo los centroamericanos, y llegando a esta última reforma de diversas leyes fiscales para controlar la subcontratación, cuya contención no se pretende desde el ámbito laboral, sino desde la esfera tributaria; lo cual ha provocado una serie de inconformidades y rechazo de las medianas y pequeñas empresas, debido a que, para el gobierno, no parece haber sido suficiente con que ellas aguantaran 16 meses de pandemia sin la ayuda de las instancias gubernamentales, tiradas a su suerte y con todas las responsabilidades laborales y fiscales que existen en la legislación.

Uno de los mayores rechazos a esa reforma no es tanto el registro en la Secretaría del Trabajo, que se ha vuelto una bendición para la corrupción dentro de los órganos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Para contar con ese registro, se requiere solicitar una constancia de cumplimiento de las obligaciones, pero es sabido que en el bajo mundo de la corrupción se puede obtener hasta un indulto taurino. Para las medianas y pequeñas empresas eso ya es lo de menos, a sabiendas de que en contra de la corrupción no se ha hecho nada y que la tal contención solamente han sido discursos y programas publicitarios que asumen que la corrupción se ha terminado. Y prueba de ello es la salida de la secretaria de la función pública. El problema principal de esa reforma es que, entre tantas obligaciones que se presentan para contratar empresas que se dedican a poner a disposición trabajadores a un cliente, se encuentra la obligación de informar al cliente el monto del salario de esos empleados.

Posiblemente, quienes están fuera del ámbito empresarial no puedan dimensionar esa problemática (que es la mayoría de los legisladores y titulares de muchos cargos públicos), pues eso no se aprende en las escuelas, sino en el día a día del trabajo diario; pero lo cierto es que existen ciertos datos, registros, información que deben ser resguardados escrupulosamente por y para las propias empresas; existe información propiedad de las empresas que resultan confidenciales, y no gratuitamente, sino, más que otra cosa, por un derecho básico de libertad de empresa, un derecho a la privacidad, necesarios para el desarrollo de ellas y de la economía nacional; porque si, por el contrario, en un sistema jurídico se da prioridad a una excesiva transparencia, caemos en un estancamiento de la economía, en la quiebra de muchas empresas, en la pérdida de empleos, que son situaciones que no deben presentarse ni, menos aún, ser provocadas por la legislación, desde luego, si el ánimo se centra en que, en México, seamos menos dependientes económicamente de las remeses. Desafortunadamente, esta legislación, con muchas medidas que se han implementado, está convirtiendo el sistema económico mexicano en uno «centroamericanizado», dependiente de los envíos de dinero del extranjero; todo por estas «imprudencias legislativas». (Web: parmenasradio.org).

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