Silvino Vergara Nava
“Nunca se han solucionado los problemas
cuando no se han identificado correctamente”.
Daniel Innerarity
El secreto fiscal, así como el secreto bancario consiste en que los empleados de las autoridades fiscales, no pueden divulgar la información de sus expedientes, secreto que debe de prevalecer por seguridad jurídica, así como por derecho a la privacidad, a la intimidad, a la libertad económica, etc., por ello es que, en la legislación se encuentra regulado tanto el secreto fiscal, como el secreto bancario.
En el caso del secreto fiscal, está regulado en el artículo 69 del código fiscal de la federación, pero que en tiempos de la administración pública federal anterior a la actual, fue sujeto a muchas controversias, incluso, ya desde hace tiempo, ha sido sujeto a múltiples reformas con el afán de establecer excepciones al secreto fiscal, para darle prioridad al derecho al acceso a la información, tal es el caso de permitir a la autoridad fiscal publicar listas en sus páginas, incluso, en el diario oficial de la federación, de contribuyentes que tienen adeudos fiscales, que no cuentan con su domicilio fiscal localizado, que expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, quienes transmiten pérdidas fiscales improcedentes, etc., es decir, hay una serie de listas que se publican, que se les ha denominado como: “Listas negras”, en donde, se publican a contribuyentes que se encuentran con inconsistencias.
Pero, eso no es todo, se publican, también, contribuyentes que han sido beneficiados de alguna reducción de multas, lo cual no es razonable, como para que sean publicados. Lo mismo sucede con que, sean publicados los contribuyentes que han sido sentenciados por delitos fiscales, es decir, una serie de listas negras que, a decir del poder judicial, lo que está sucediendo es que, se le da prioridad al derecho al acceso a la información que, al derecho a la privacidad, lo cual, no es algo tan coherente, pero que, finalmente está así considerado constitucionalmente.
En las últimas noticias, se ha estado poniendo a ocho columnas los problemas fiscales con que cuenta el propietario de una cadena de televisión, un banco popular, una tienda de electrodomésticos, entre otras cosas, lo mismo se ha anunciado por el titular de la administración pública federal, respecto a las auditorias que se han realizado a periodistas nacionales de la televisión.
En estos casos, se ha mencionado una serie de datos respecto a los procedimientos de fiscalización que se han llevado a cabo a estos contribuyentes, en particular, con el propietario de la concesión televisiva, se han dado el lujo de poner en las redes sociales los montos aparentemente adeudados, los procedimientos llevados a cabo, los ejercicios fiscales revisados, etc., todo ello va más allá de las facultades con que cuenta el titular de la administración pública federal, informar sobre esas auditorias, no es algo que le corresponda informar a dicho personaje, simplemente por la investidura y la categoría de su cargo, pero esto va más allá, el problema jurídico es que, hay una violación al secreto fiscal, con ello a la seguridad jurídica de los gobernados, al derecho a la privacidad, al derecho a la libertad económica, sin importar de quien se está hablando es decir, en el caso es lo de menos que sean dos periodistas y uno de los empresarios más ricos del país, el problema no es ese, el problema es que, no se puede romper con el secreto fiscal, ¿qué van a decir los restantes periodistas de a pie?, ¿qué pueden esperar los restantes contribuyentes de carne y hueso?, si se está publicando a esos personajes.
Lo cierto es que, esto no abona para el Estado de derecho, el cual apela a que debe de estar sobre la política y no la política sobre el derecho, simplemente, porque es el derecho hasta el día de hoy, la única herramienta que existe para limitar al poder político ante sus embates a la población, la historia y las experiencias no nos engañan, la mayor violencia a la población no es la guerra, sino las acciones del poder político sobre su propia población, por ello es que, ese poder político debe estar sujeto a la ley, al derecho, al respeto a los derechos de los gobernados, solamente así, puede haber convivencia pacífica y un Estado de derecho progresivo, de otra forma solo estamos ante la presencia de un sistema que genera y es promotor de la violencia, de la ley de la selva, de que cada quien haga lo que quiera, y eso ya no lo podemos tolerar en México. Las experiencias de lo que está sucediendo en el país con la violencia, es precisamente el fracaso de respetar y hacer respetar la seguridad jurídica, sin esta no hay seguridad pública, la seguridad pública, por sí misma, no puede prevalecer, por ello es que, vulnerar el secreto fiscal, es vulnerar al Estado de derecho, pero con todas estas últimas noticias del mes de marzo, bien nos podemos preguntar: ¿Qué es lo que queda del secreto fiscal?, o bien, algo más claro: ¿Qué es lo que queda del Estado de derecho? (Web: parmenasradio.org)