Parte 1
Silvino Vergara Nava
“El aumento del poder de los jueces
que caracteriza el derecho del
Estado Constitucional supone
riesgos; y que algunos de estos
riesgos tienen que ver con lo que
hemos llamado: activismo judicial.”
Manuel Atienza
En los últimos días del mes de agosto de 2025, se están terminando los trabajos de la Corte en México, tal y como se encuentra hoy conformada por once ministros, pues a partir del 1º. de septiembre de 2025, se hará efectiva una parte más de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, la polémica reforma al Poder Judicial, que tenía como buenos propósitos mejorar la administración de justicia que, de acuerdo con la iniciativa de reforma, es uno de los males que ha tenido México en los últimos tiempos.
Esta falta de efectividad en la administración de justicia, en parte, es la que ha provocado que en las calles exista más violencia, que la población cada día sea más agresiva. Al respecto de esto último, sostiene el profesor argentino Ernesto Garzón Valdez que, se respira en la sociedad: “hiper-sensibilidad al infortunio”, porque se molesta cualquier persona en simplicidades, nos pone irritados cualquier situación pasajera, por ello es que, una prueba más que contundente son los linchamientos en las poblaciones, atendiendo a la complejidad de procesar y castigar a un delincuente de manera oficial, con las instituciones del Estado, pretenden la acumulación de los ciudadanos de a pie irritados: “hacerse justicia con su propia mano”, y así como esa, innumerables situaciones que se viven por los inconvenientes en la administración de justicia en la nación que no resulta tan efectiva como cualquier justiciable lo desearía. Un ejemplo más de ello, son las carreteras y autopistas tomadas por manifestantes de toda índole y sobre cualquier justificación.
Lo cierto es que, esta oposición con el Poder Judicial y en general con los tribunales que administran justicia no es nada nuevo, es algo que sucede en el propio sistema de los países del mundo occidental, se estima que es un gasto sumamente alto e infructuoso, por ello es que, se han implementado una serie de mecanismos para evitar que las personas acudan a los tribunales. Además de que los procedimientos y la organización propia de los tribunales está conformada para otras realidades muy diferentes a la que hoy vivimos, diríamos que requiere de una renovación que no se logrará con el simple cambio de ministros de la Corte, o bien, despedir a 800 jueces y magistrados, que dicho sea de paso, a la fecha no se les ha cubierto sus liquidaciones correspondientes.
Pero, fuera de toda esa polémica que circula alrededor de la nueva integración de la Corte hay que preguntarse, desde un sentido más jurídico: ¿Qué se puede esperar de la nueva conformación de la suprema corte de justicia a partir del mes de septiembre de 2025?
Desde luego que, en el ambiente generalizado se hace mención de que la nueva conformación de la Corte, que de entrada se han disminuido el número de miembros de esta, considerando que ahora serán nueve ministros, se ha dicho que algunos de ellos no tienen la preparación o la experiencia suficiente para resolver los asuntos que se encuentran en la Corte, que pudiera suceder que exista una serie de cambios de criterios de la Corte que desestabilizarían la seguridad jurídica con sus decisiones, etc. Pero fuera de todas estas polémicas, ¿qué se puede esperar jurídicamente de la nueva conformación de la Corte?
Bien que se pudiera sintetizar en lo siguiente:
1.- Más derechos humanos, mayor expansión de estos, pero que se convierten en simples: “deseos humanos”.
2.- La proliferación de las Sentencias denominadas como: “manipulativas”, esto es creando derecho, en lugar de interpretar el derecho.
3.- Explotar al máximo el juego de la ponderación judicial, a veces resolviendo conforme a la proporcionalidad y en otras, la sujeción a la legalidad.
4.- Considerar que muchas de las sentencias que se dicten sea por razones de Estado más que por razones jurídicas.
5.- Dar prioridad a los derechos sociales que a los derechos de libertad, pero no siempre, y como colofón: no poder cumplir con el objetivo de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, que era mejorar la administración de justicia y disminuir la corrupción. Así pudiéramos ver punto por punto lo que posiblemente sucederá con las decisiones de la Corte. (Web: parmenasradio.org)