“Los pueblos nunca saben, ni ven,
Mariano Moreno
sino lo que se les enseña y muestra,
ni oyen más que lo que se les dice”.
Cualquier pretexto es bueno para poner nuevamente en la palestra una reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para que se generalice el gravamen, es decir, para que desaparezca el tratamiento de actos de consumo exentos y a tasa del 0%, para que así la tasa sea generalizada del 16% —por lo pronto— en México. Ahora el pretexto es la aprobación de la reforma fiscal de la iniciativa presidencial para reducir el impuesto sobre la renta empresarial en Estados Unidos, del 35% al 20%, pues a decir de los analistas —todos al servicio de las instituciones crediticias y bancarias de México—esto tendrá un efecto negativo en la economía mexicana, pues los establecimientos de dichas empresas norteamericanas en México verán la oportunidad de retornar al país del norte con la finalidad de obtener mayores utilidades atendiendo a ese beneficio fiscal de la reducción del impuesto a las utilidades, por lo que la alternativa es homologar el IVA en todas la actividades, principalmente en las que corresponden a los alimentos, a la medicina y a la educación.
Resulta nuevamente preocupante que se haya puesto en la mesa la posibilidad de gravar con el IVA en México, en particular los alimentos y la medicina, además de la educación, pues no debe perderse de vista que a partir de 2014 ya se ha establecido un impuesto a diversos alimentos al considerarlos no básicos para la subsistencia humana y que tiene una tasa del 8%, es decir, la mitad de la tasa generalizada del IVA, medida que incluso recientemente se ha declarado constitucional por el Poder Judicial. Además, las bebidas refrescantes ya cuentan con un impuesto que consiste en una cuota de $1 por litro o su proporcional; por ende, gravar también con el VA esos productos representaría una doble tributación.
Esta reforma fiscal norteamericana en los inminentes tiempos electorales de nuestro país provocaría dos situaciones muy concretas. La primera, que se limiten los debates electorales de los candidatos de cualquier cargo público —léase desde diputados locales hasta candidatos a la presidencia— a gastar horas en los medios de comunicación sosteniendo algo que no puede suceder y que debería ser innombrable: la generalización de la tasa del 16% del IVA. Sin embargo, con ese debate se evitará hacer otro tipo de propuestas y encarar los problemas más agudos de la nación. Verdaderamente, como lo ha sostenido el profesor Richard Rorty, será un ejemplo claro de crear problemas artificiales para que la población se preocupe por algo que no puede ni debe suceder (Bauman, Zygmunt, En busca de la política, México, Fondo de Cultura Económica, 2012). Pero con esto será suficiente para que se justifiquen los foros y mítines políticos. La segunda situación es que verdaderamente en la siguiente administración el paso sea o aumentar el IVA a tasas promedio de otros países de América Latina atendiendo a que en México la tasa del 16% actualmente es de las más bajas, o que se generalice ese impuesto, que no provoca ninguna afectación a los “analistas” de las instituciones financieras que lo están proponiendo, porque a esas instituciones no les repercute en su patrimonio.
Hay que recordar que el IVA es un impuesto al consumo, grava la enajenación, el uso o goce de bienes o la prestación de servicios, por ende, a quien repercute, es decir, a quien afecta es al último consumidor, pues las empresas lo trasladan en esa cadena comercial, por eso no sufren de afectación alguna. Todo el IVA de la cadena comercial es absorbido por los últimos consumidores. ¿Y quiénes son los últimos consumidores? Evidentemente, son los ciudadanos, los que consumen al final de la cadena comercial, lo que les afecta y repercute en su propio patrimonio. Si el día de la quincena estamos expectantes para comprar los insumos necesarios para la alimentación en los hogares, para combatir las enfermedades y para educar a las futuras generaciones, desde luego que los afectados son los ciudadanos de a pie, a los que cualquier aumento o creación de un impuesto como el IVA o como lo fue en el 2014 el impuesto a los alimentos no básicos les provoca una clara afectación a los bolsillos, a su patrimonio, una reducción en su capacidad de consumo. Por ello, generalizar o homogeneizar el IVA gravando el consumo de medicinas, alimentos y colegiaturas es una decisión imprudente, torpe e inconstitucional, algo que desde luego propone ese poder económico al que bien el profesor italiano Luigi Ferrajli a denominado “poderes salvajes” (Ferrajoli, Luigi, “La democracia a través de los derechos”, Trotta, Madrid, 2014), que son las instituciones financieras que no ven otra cosa más que la forma de incrementar sus ganancias recomendando impuestos que verdaderamente gravan la pobreza.