Dr. Silvino Vergara Nava
“En la medida en que se trate a un ser humano como algo
Eugenio Raúl Zaffaroni
meramente peligroso y, por tanto, necesitado de pura
contención, se le quita o niega su carácter de persona”.
Después de casi un año de la administración pública actual, que ha implementado una serie de medidas para combatir la corrupción, aquella se ha topado con la necesidad de proponer una serie de reformas legales para impedir la operación de expedición de facturas apócrifas y la creación de empresas que las emiten. Por ello, la reforma fiscal para 2020 está llena de medidas para evitar que se prosiga con esas prácticas indebidas, al grado de que se ha propuesto ante el congreso de la unión que ese delito —previsto en los artículos 113º, fracción III, y 113º bis del Código Fiscal de la Federación— sea considerado como uno que requiere la prisión preventiva. Por ello, la dirigencia de la COPARMEX ha realizado una serie de manifestaciones sobre la preocupación al respecto de la aprobación de esta medida en las cámaras de diputados y senadores; tema sobre el cual la presidencia ha asumido que existe complicidad en la expedición de comprobantes fiscales falsos; todo lo que cual está provocando un clima adicional de rispidez entre la administración pública actual y el empresariado.
La problemática consiste en que pareciera que se están hablando dos idiomas diferentes: uno sosteniendo la necesidad de combatir esas prácticas y el otro sosteniendo la preocupación por las formas como se está pretendiendo combatirlas. Con todo, pareciera que no se logra comprender que la expansión del derecho penal no lleva a ningún lado más que a la violencia y a la corrupción. La experiencia en México ya está desde las administraciones públicas pasadas, pues no se ha podido disminuir los índices de delincuencia en el país a pesar de aumentar las penas, crear más delitos, establecer leyes penales especiales, crear fiscalías, etc. En realidad, el camino no es el derecho penal.
La problemática de la expedición de facturas que amparan operaciones inexistentes es de fondo, no de forma, es decir, no se podrá combatir nunca con legislar que esos delitos sean de prisión preventiva, pues esto ocasionará mayor corrupción. Las leyes y procedimientos que regulan el procedimiento de las operaciones inexistentes están intestados de violaciones constitucionales. Prueba de ello es que en el mes de junio del año 2018 se hizo una primera reforma a ese procedimiento administrativo, la cual fue por todos los precedentes judiciales que asumen que contraviene derechos de audiencia, de seguridad jurídica, de acceso a la administración de justicia, de la facultad reglamentaria, etc. Por ello, se modificó dicho procedimiento, pero en aquel procedimiento administrativo (el cual posteriormente dará como consecuencia la prisión preventiva) subsisten aún, a pesar de esas reformas, diversas violaciones graves a los derechos de los contribuyentes.
La preocupación de los contribuyentes sólo ha visto representación, por lo que parece, en el sindicato patronal, ya que ningún organismo alza la mano al respecto de este tema. Penosamente, ni la UNAM lo ha hecho por medio de sus instituciones de investigación versadas en ciencias sociales; este instituto (“la máxima casa de estudios del país”) ha estado pertrechado en el silencio, no de ahora, sino de hace ya muchos años. Más que por su enorme presupuesto, sino porque sus investigaciones, en particular de ciencias sociales, han aportado al país, es un instituto que debería hacer alguna manifestación de las reformas legales o constitucionales; pero tiene muchos años que, penosamente, sus comentarios de ciencia jurídica han dejado de ser referencia en el país, aunque deberían ser valiosos para la población; eso es lo que demostraría ser la máxima casa de estudios. Por ello, solamente, ha salido a rescatar esa oposición del procedimiento para combatir las facturas apócrifas el sindicato patronal más grande del país, y ha sostenido no el rechazo en la persecución de las facturas falsas, sobre todo las que adquiere el gobierno (que son las más escandalosas en montos), sino en su procedimiento. Por ello, el problema es de fondo y no de forma, y, desafortunadamente, esta administración pública ha tomado las medidas de forma, superficiales, por encimita, y no las de fondo; razón por la cual de la herramienta del derecho penal, que es el más cómodo para sostener que se esta haciendo algo.
Pero el uso del derecho penal no es causa imputable sólo a esta administración pública; es un derecho que se ha utilizado en los últimos años para muchas cosas, y no sólo en México. Es un problema mundial, por lo menos del mundo occidental. Se ha inflado el derecho penal, aunque no resuelve las cosas, sino que las agudiza. Como sostiene Jonathan Simon respecto a las políticas del país del norte, se “gobierna a través del delito”, y dice que: “El ciudadano norteamericano estaba acostumbrado desde hacía tiempo a una barbarie organizada” (Gobernar a través del delito, Gedisa, México, 2011). Y eso se provoca por el uso del derecho penal. Por ello, el debate de las facturas apócrifas se ha vuelto “rastrero”, es decir, de una capacidad intelectual muy baja, como para que sea el debate principal en la materia tributaria, la cual requiere respuestas de fondo a los problemas actuales; respuestas de fondo que no son legislar sobre la prisión preventiva.