Dr. Silvino Vergara Nava
“La verdad de la representación es el ejercicio
Enrique Dussel
delegado del poder del pueblo, pero se vuelve
monopolio si no es nutrido y vigilado
por la participación institucionalizada”.
Entre 1864 y 1867, en México, se contó con el denominado “Segundo imperio mexicano”, teniendo a la cabeza a Maximilano de Hasburgo, importado por los denominados conservadores para poner orden y un buen gobierno en la convulsionada República mexicana. Maximiliano proveniente de Europa, extranjero, noble; con todas las cualidades para considerarlo un extraño en las tierras de América, con una idiosincrasia totalmente diferente. El europeo pretendió gobernar el territorio nacional y el fracaso fue rotundo finalizando con su fusilamiento —que, por cierto, en tiempos del gobierno de Felipe Calderón, un historiador, según relata la historia oficial, José Manuel Villalpando propago que Benito Juárez lo indultó de la pena capital y acabó huyendo a Centro América, donde, posteriormente, murió—.
Desde luego que a Maximiliano la población lo veía como un verdadero extraño que gobernó nuestra nación. Por ello es que, para gobernar y dirigir en cualquier orden, hay que ser originario, formar parte de la sociedad que se pretende gobernar; se debe, primero, tener la experiencia de vivir bajo la dirección y subordinación necesaria, que permitirá, en el caso de estar al mando de alguna organización, conocer las entrañas desde abajo. Por ello, la importancia, por ejemplo, de la carrera civil que se debe hacer en la administración pública; por decir, desde que una persona llega como archivista, pasa por muchos cargos y peldaños necesarios hasta llegar a la dirección. Con ese sujeto, entonces, hay más garantía de que se cumpla de la mejor forma la dirección de una organización.
En las últimas semanas, en México, principalmente en los medios de comunicación hegemónicos y en las redes sociales, ha habido una serie de noticias respecto a una especie de persecución punitiva, es decir, de carácter penal a los contribuyentes. Cualquier movimiento de estos debe ser considerado como un delito o, por lo menos, como una falta administrativa, al grado de que se ha puesto en las redes sociales oficiales de la autoridad fiscal una especie de decálogo del contribuyente que, de ser observado por uno de los precursores del derecho fiscal, Adam Smith, a éste no le quedaría otra opción más que volver a morir, porque rompe con todos los principios más elementales de los impuestos. Sin embargo, la iniciativa del denominado paquete económico es una muestra de esta violencia innecesaria sobre los contribuyentes, al grado de que los han estado rebajando a condiciones peores que las de los delincuentes más violentos y peligrosos de una sociedad, lo cual es muy preocupante para el futuro de la nación.
En la academia, es decir, en los libros, existe una materia denominada sociología jurídica, que, dentro de sus principales preguntas que se hace, está la que corresponde a: ¿por qué las personas cumplen con la ley? (VERGARA NAVA, Silvino, Temas jurídicos para tiempos no jurídicos, Escuela Libre de Derecho de Puebla, Guadalajara, 2016). A esto se le ha denominado como la “filosofía de la fidelidad del ciudadano al derecho”, es decir, las razones por las cuales se cumple con la ley; dentro de las cuales encontramos, principalmente, la legitimidad de las leyes, es decir, que las disposiciones legales están correctamente creadas, son justas para la gran mayoría de la sociedad; la otra opción es que se cumple con la ley por el miedo a ser sancionado.
Desde luego, en el caso de estas últimas noticias respecto a la criminalización de los contribuyentes, de las amenazas con las invitaciones, avisos, requerimientos que les son notificados, en realidad se está haciendo uso del miedo para que se cumpla con la ley. Las razones pueden ser dos. La primera, porque es del conocimiento de esta nueva administración pública que una de las características principales del sistema fiscal mexicano, a partir de la última reforma que entró en vigor en 2014, y que sigue vigente, es la ausencia de participación de la población y de la sociedad para su creación; es decir, es un sistema totalmente impositivo, oscuro, discrecional, arbitrario, etc. Por ello, no se puede legitimar lo que de suyo es injusto y, por ello, para hacerlo cumplir, la única herramienta es la imposición del miedo.
La otra razón por la cual se impone el miedo para que los particulares cumplan con esas disposiciones fiscales como contribuyentes es la incertidumbre, el uso de la inseguridad jurídica. Es lo mismo que sucedió en tiempos de Maximiliano, es decir, las dirigencias están tan alejadas de los contribuyentes y de haberlo sido algún día, que no piensan en la infinidad de obligaciones de toda índole que ellos tienen para poder desarrollar su actividad, como es el caso de permisos, licencias, autorizaciones, asecho de autoridades corruptas, competencia desleal (principalmente, la que proviene desde arriba, es decir, la de los monopolios y oligopolios), la existencia de incertidumbre en el sistema jurídico; a todo lo cual habrá que añadir el alto costo de los impuestos, las restricciones, más que los derechos, el costo elevadísimo para contar con empleados. Todo parece indicar que a los dirigentes, al no haber vivido esas experiencias amargas, les resulta muy complicado gobernarlas por medio de la legitimidad y, por ello, solo les queda el camino de la imposición del miedo.