Dr. Silvino Vergara Nava
“Nos vemos obligados a depender de
Ulrich Beck
la política simbólica
de los medios de comunicación.”
Con el nombre de fake news se denominan a las noticias falsas que proliferan en estos tiempos debido a muchos factores, principalmente, a que las redes sociales se han desatado y, por ende, se llegan a colar noticias sobre situaciones y hechos que no son verdaderos, no confirmados o que verdaderamente pretenden causar caos, miedo, incertidumbre. También, florecen las noticias falsas debido a la falta de legitimidad de las instituciones gubernamentales en todas las naciones, sobre todo —en el caso en particular— con las medidas de contención que se han implementado para la pandemia: poca credibilidad han ganado los gobiernos de muchas de las naciones con esas medidas.
Y eso es lo que también ha sucedido en la última semana en relación con una de las noticias que se ha puesto en los medios respecto de que algunas empresas (particularmente de inversión extranjeras y una telefónica) —a decir de las autoridades fiscales— supuestamente han decidido pagar unas cantidades extraordinariamente abundantes de dinero en impuestos aquí en México, precisamente tan excesivas que poca credibilidad pueden merecer. Muchos medios dicen de aquellas empresas que ahora se van a alinear por la derecha, perdón, por “la izquierda”. Pero hay que tener presente (lo cual basta con un poco de sentido común) que se habla de aquellas que ahorran el último centavo en cada operación y negociación que llevan a cabo; es de conocimiento general que estas empresas, desafortunadamente, siempre procuran sacar la mayor ventaja posible en cualquier negociación, más aun con sus proveedores, con los que, prácticamente, acaban, en primer lugar, fijando los precios, luego, la calidad de los productos y, al final, cualquier condición de la negociación, en la que, prácticamente, en lugar de una buena negociación y la realización de un acuerdo satisfactorio para las partes, los proveedores acaban firmando contratos de adhesión, en los que las condiciones ya están preestablecidas y cuyas únicas opciones son la negociación o la quiebra segura.
Resulta que esas grandes corporaciones de origen extranjero son las que, supuestamente, van a realizar el pago, que tenían en el cajón “de pendientes”, de sus impuestos aquí en México; aquellas que, por cierto, casualmente por los tiempos de pandemia, en su mayoría, están negociando reducción en los contratos de arrendamiento y otros ahorros, como el pago de salarios. Por ende, ¿por qué ahora resulta que van a realizar el pago de montos de impuestos millonarios que tenían por allí pendientes?, y, sobre todo: ¿por qué no se dice qué acciones legales había ejercido la autoridad fiscal con ellos?; pues es un hecho notorio que con los medianos y pequeños contribuyentes no hay contemplaciones en los procedimientos de cobro, aun en tiempos de pandemia. Tan absurdo proceder que, actualmente, son días hábiles para realizar diligencias de embargo sobre adeudos fiscales, cuando se supone que las empresas que no realizan actividades esenciales deben estar cerradas y, al igual que las personas en sus casas. Verdaderamente, esas medidas están para la casa del manicomio o, bien, son medidas perversas nunca dignas de un Estado de Derecho.
De entrada, la simple noticia sosteniendo los montos y el nombre de las empresas está vulnerando el secreto fiscal; es decir, las autoridades fiscales no tienen por qué señalar cuál es el monto y el nombre de las empresas que realizarán sus pagos de impuestos en un Estado de derecho. Es más, resulta ser algo que no debe de interesarle a la generalidad, pues, de suyo, se entiende que esas empresas como todas deberían pagar impuestos regularmente. Por tanto, en lugar de esa noticia, antes de ese sensacionalismo, debería prevalecer el mayor respeto a los derechos de los gobernados, a pesar de que sean esas empresas, pues aun aquellas gozan de derechos, como es el derecho a la privacidad. Por ende no deben ser divulgados esos eventos, tanto por seguridad de las propias compañías como por un derecho básico de libertad. Por tanto, el difundir estas noticias no es nada propició para la inversión, para la función del Estado ni menos aun para los contribuyentes de a pie; pues para estos, con los esfuerzos que tienen, primero, para entender el sistema tributario y, luego, para pagar, no ayuda en nada que en los medios aparezcan montos tan altos que voluntariamente se van a cubrir de un día a otro, en particular de esas empresas que desde la academia se las llama depredadoras o salvajes (FERRAJOLI, Luigi, Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, Madrid, Trotta, 2011).
Además, esta noticia genera mucha sospecha (lo que menos debe de prevalecer en estos momentos); pues resulta que, normalmente, cualquier movimiento que realizan esas empresas (que revientan a la competencia local, a sus proveedores y acaban con cualquier prestación a sus empleados, iniciando con el derecho sindical) es porque van a contar con muy buenas ganancias. Por lo cual es preocupante que se esté cocinando el rumor de que pagarán cantidades extraordinariamente grandes de impuestos, pues da a entender que pudieran tener ventajas competitivas en algunos rubros, como son las licitaciones, los contratos gubernamentales, etc.; frente a lo cual, desde luego, cualquier contribuyente nacional no está en condiciones de competir de ninguna forma.
No debe perderse de vista que una de esas grandes empresas que —según se sostienen— van a cubrir cantidades extraordinarias de impuestos es la telefonía anteriormente propiedad del Estado y que en la década de los noventa fue vendida a inversión privada, sin que fuera de conocimiento público cómo sucedió y en qué condiciones. Ahora resulta que es propiedad de uno de los sujetos más ricos del universo una compañía que, en los tiempos en que era propiedad del Estado, fue el departamento de inteligencia más avanzado; pues siendo la comunicación durante décadas única y exclusivamente la telefonía y, sobre todo, siendo monopolizada, era la única forma de comunicarse de cualquier persona.
Lo preocupante para los ciudadanos de a pie es que estas empresas nunca hacen un movimiento sin una ventaja. Basta recordar que cualquier descuento y oferta que ponen en el mercado no es a costa de ellas ni de su patrimonio, sino de sus proveedores o sus trabajadores. Por ende, el alto riesgo que existe es que esas cantidades de pago de impuestos repercutan en sus proveedores o, bien, en trabajadores y empleados, pero nunca en los bolsillos de esas grandes corporaciones. Pues bien, esperemos que esto que se ha puesto en los medios sea simples “fake news tributarias”.