Dr. Silvino Vergara Nava
«[…] lo que es en sí mismo un mal es el poder,
Luigi Ferrajoli
en la medida en que sea poder sin reglas,
esto es, poder que carece de los límites y
los vínculos que el derecho,
precisamente, le impone».
El eterno problema del derecho y del poder, particularmente, del poder político es ¿quién gobierna a quién?, es decir, el de saber si el poder se encuentra sobre el derecho o el derecho sobre el poder. En la historia reciente de la humanidad, se ha observado cómo, en las ocasiones —que han sido y siguen siendo muchas— en que el poder se pone por encima del derecho, la humanidad se ve en las peores condiciones, como de politicidios y genocidios. Basta con observar lo que sucedió en los regímenes nazi, fascista, franquista y en las dictaduras en Grecia y Portugal; todo esto a mediados del siglo XX. Por ello, hay que limitar el poder político para que no cometa las arbitrariedades, los abusos y los homicidios que acostumbra cuando no tiene qué ni quién lo limite.
Para tal fin, el poder ha usado al derecho (propiamente, la legislación) para crear leyes a modo, especiales, ad hoc, que le permitan sujetarse, aparentemente, al derecho, tener el sustento de la ley en la mano y hacer sus propia voluntad y arbitrariedad, es decir, hacer lo que se le venga en gana pasando por encima de la población. El poder político busca «hacer lo que quiere».
Dentro de las reformas invisibles que aparecen en el camino de la reforma fiscal del 2021, se modificó el artículo 33° del Código Fiscal de la Federación y se establece: «Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; invitarlos a acudir a dichas oficinas con el objeto de poder orientarles en cuanto a la corrección de su situación fiscal para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales; orientarles y auxiliarles a través de medios electrónicos, poniendo a su disposición el equipo para ello».
La preocupación surge por la parte que habla de invitar a los contribuyentes a acudir a las oficinas de las autoridades fiscales —que es, propiamente, en lo que consiste la reforma fiscal—, pues esto va en contra del propio Estado de Derecho, que siempre ha pregonado (particularmente, en materia fiscal) que la comunicación entre el contribuyente y la autoridad fiscal, por seguridad jurídica, debe ser por escrito, bajo aquella vieja sentencia que decía: «papelito habla».
Tiempos mejores hubo cuando, a principios de la década de los noventa del siglo XX, se propuso acabar con la corrupción tributaria. Lo mismo que, desde el palacio nacional, se pregona actualmente, con la salvedad de que en ese tiempo se propuso y se actuó con el hecho de que las autoridades fiscales evitaran el contacto con los contribuyentes. Por ello, se implementó que no hubiera personal de la autoridad fiscal (antes denominada Sub-secretaría de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y no ese «amorfo» organismo denominado SAT) para evitar contactos y, así, disminuyera la corrupción, la intimidación y las amenazas de las autoridades fiscales a los particulares.
Pues bien, hoy la ley está a disposición de la autoridad fiscal; el poder está sobre el derecho y no viceversa. Esto se comprueba con que la reforma de 2021 permite que las autoridades «inviten» a los contribuyentes a las oficinas de las autoridades fiscales para que, sin protocolo alguno previsto en ley, sin que exista lineamientos autorizados por el legislador ni, sobre todo, capacidad de los funcionarios de las autoridades fiscales de «orientar» a los contribuyentes en sus obligaciones fiscales ni en la corrección de su situación fiscal, se acerquen con estos supuestos. Cuya orientación puede caer en chantajes, amenazas y lo que se ha puesto en la alfombra roja: el incremento de la corrupción. En pocas palabras, la ley autorizó que las autoridades «hagan lo que quieran». (Correo electrónico: [email protected]; web: parmenasradio.org).