Dr. Silvino Vergara Nava
«El Estado benefactor ¿es un agente de represión o
Zygmunt Bauman
un sistema para ampliar las necesidades humanas
y mitigar los rigores de la economía de mercado?»
Decía Carlos Marx que, ante la presencia de una huelga generalizada de ladrones, sería necesario inventarlos, pues el sistema se colapsaría. Sin ladrones en una nación, de nada sirve el Estado ni sus policías, menos aún los jueces, presidios y demás instituciones; tampoco los bancos o las empresas del sistema financiero, como es el caso de las aseguradoras. Por ello, ante ese evento tan catastrófico, habría que inventarlos. Así lo sostuvo en el siglo XIX, y pareciera que ese ha sido el modelo a seguir en el mundo occidental.
Basta con ver lo que sucedió en los tiempos de Ronald Reagan en Estados Unidos de América (década de los ochenta del siglo XX). En la guerra fría, tuvo que inventar enemigos, como fue el caso de los gobiernos «tan peligrosos» para ese país del norte como fueron los de la isla de Granada o, bien, Nicaragua y, posteriormente, Panamá. Con el respeto que nos merecen nuestros hermanos latinoamericanos, a decir de aquel presidente y artista de Hollywood, eran potencias que ponían en peligro la estabilidad norteamericana y, por ello, los invadió.
Siguiendo esa misma línea occidental, actualmente, vemos la reforma fiscal para 2021 en nuestra nación. Una vez que la administración pública federal actual llegó a instalarse y averiguar lo que sucedía en el quehacer de las autoridades fiscales, se cercioró de que había entidades que solicitan la autorización para recibir donativos deducibles del ISR, debido a que su actividad es altruista, como la creación de becas para estudiantes de escasos recursos, desayunos escolares o a personas vulnerables, asilos, orfanatos, etc. No son sujetos del ISR, pues su actividad no es la de obtener lucro. Así, por los ingresos que perciben, no se causa el referido impuesto que grava las utilidades de las personas. Sin embargo, el gobierno actual detectó que algunas entidades no están realizando esas funciones, sino que, en realidad, son empresas fantasmas o —como se les denomina— «fachada»; además de que, muchas veces, se utilizan para alguna estrategia fiscal y, así, eludir las obligaciones fiscales. Por ello, se determinó para el año de 2021 una serie de causales muy estrictas que revoca la autorización para recibir donativos deducibles del ISR; por cuya revocación, en algunos casos, muchos perderán su patrimonio al tener que trasmitirlo a otra entidad, debido a no haber cumplido con algún requisito meramente formal, como es el caso de no haber expedido un comprobante fiscal; lo cual es una consecuencia demasiado desproporcional.
El objetivo de esta reforma es muy claro: que cada día sean menos las entidades de este tipo, que —a decir del Estado—, lejos de auxiliar en los servicios por los que están creadas, eluden obligaciones fiscales. Es decir, nuevamente, en este sistema actual, se está cometiendo un grave error: generalizar e inventar enemigos. Una administración que gobierne sobre presunciones y generalidades es muy peligrosa. Además, como en una administración así no se gobierna conforme a derecho, pierde de vista que el derecho es muy claro y que éste tiene respuesta para muchas cosas (si no es que para todas). Y es tan claro que, si existe ese tipo de entidades y personas dedicadas a la elusión de obligaciones fiscales, está el derecho penal en contra y los castigos que corresponden a esos casos. No se trata de generalizar ni de medir a todos con la misma vara, pues esto ocasiona un colapso del sector en el que están estas entidades; la cuales, dicho sea de paso, se dedican a realizar lo que el Estado nunca ha alcanzado en muchos sectores donde él ni sus instituciones logran abarcar todas las exigencias sociales, como es el caso de las escuelas parroquiales, las casas de cuna, los centros de atención para adolescentes o, bien, las asociaciones como las que atienden a drogadictos, alcohólicos, etc. Verdaderamente, se sigue gobernando sin transformación, es decir, desde un escritorio y lo cierto es que la aplicación de estas disposiciones, de llevarse a cabo a «raja-tabla», provocará un colapso social y de paso, se comprueba aquella vieja sentencia de Carlos Marx: «El Estado inventa los delincuentes».