(Parte I)
Dr. Silvino Vergara Nava
“Una economía que no genera trabajo
José Pablo Feinmann
genera violencia”.
Se ha cumplido, en esta primera semana de diciembre de 2019, el primer año de la denominada “cuarta transformación”, que es como se le denominó a la nueva administración pública desde su campaña electoral; administración que, se podría sostener, ha sido la que más esperanza sembró en la población en las tres últimas elecciones para la presidencia de la nación. Sin embargo, en las estadísticas de las empresas que se dedican a ello, se ha sostenido en estos días que ha disminuido el porcentaje de aprobación de la población hacia este nuevo gobierno; pues, dentro de las tareas que todavía siguen pendientes, está controlar o contener la inseguridad pública, que parece desbordarse aún más cada día, y, por otro lado, la que se refiere al poco esfuerzo hacia la recesión económica global que sigue afectando al país y hacia la que se avecina para el próximo año, que parece más aguda.
Al respecto de la inseguridad pública, se han hecho reformas constitucionales, como es el caso de la conformación de la guardia nacional, cuyos resultados tendrán que salir a largo plazo y aún es poco el tiempo como para saber cuál es el alcance de esa medida (aunque, desde luego, el hecho de centralizar el control de la seguridad pública, por lo menos en los países del primer mundo, no es la política más sana; pero habrá que darle tiempo). En el caso de la recesión económica, pareciera que se ha dejado a su suerte, particularmente, a la economía local, es decir, a los empresarios, comerciantes, productores nacionales, que son medianos, pequeños, micro empresas, y a los prestadores de servicios. A todos ellos se les ha presentado, en el año que está por terminar, una tempestad, primero, de amenazas fiscales (desde invitaciones, requerimientos, visitas, hasta la amenaza de la pérdida de su patrimonio vía la extinción de dominio, cuya idea generalizada es que la nueva ley sobre la materia es bastante discrecional y, con ello, arbitraria), y, por su supuesto, la mayor amenaza, que es la cárcel por la comisión de delitos fiscales. Con estas medidas, las estadísticas de las autoridades fiscales sostienen que se han aumentado los ingresos tributarios, salvo que ha sido a través del miedo y el temor de los contribuyentes: esto es un incremento pasajero de la recaudación. Es eminente que, de seguir así, la política tributaria, sustentada en las simples amenazas a los contribuyentes, verá un decremento agudo y grave; porque todas sus medidas se revertirán en un incumplimiento generalizado, en un cierre de empresas nacionales y, por ende, en despidos masivos de trabajadores (lo cual ya ha iniciado en el segundo semestre de este 2019 y es un hecho notorio). Basta recordar lo que sucedió en 2014 con el cambio de régimen de incorporación fiscal y que dejó atrás al régimen de pequeños contribuyentes. Éstos últimos, en muchos casos, de plano se suspendieron para evitar cumplir con todos los requerimientos electrónicos que se exigían bajo el nuevo régimen, y era evidente que en poblaciones alejadas y pequeñas estaban funcionando los negocios, pero suspendidos ante la autoridad fiscal.
Esta situación económica de incertidumbre al contribuyente y empresariado nacional, desde luego, es aprovechada por las grandes empresas, que son los monopolios extranjeros y las que cuentan con mayor capacidad para contener estos estragos económicos. Incluso, en muchas ocasiones, es un momento idóneo para comprar a la competencia, que es la nacional, y, con ello, extinguirla; también, para que la competencia nacional se convierta en proveedora de las compañías transnacionales y, por ende, se conforme una dependencia directa del empresariado nacional con aquellas empresas transnacionales o, de plano, sean asfixiadas y aniquiladas por la falta de oportunidades; pues hasta el incremento del costo comercial e industrial de la energía eléctrica ayuda en ese proceso de aniquilamiento de la economía nacional.
El profeso argentino José Pablo Feinmann ha sostenido que: “Una economía que no genera trabajo genera violencia. Y hasta terrorismo, ya que cuando los esclavos acceden a la certeza de no poder transformar el mundo —y transformarse ellos por medio de la cultura del trabajo— deciden, lisa y llanamente, destruirlo.” (La sangre derramada, Buenos Aires: Booket, 2012).
Pareciera que ese camino y esa política los está tomando la nación en este momento; pues, si bien son de buena fe y con buenos propósitos las políticas públicas de apoyos que otorga el Estado actualmente a la población de edad adulta, a los estudiantes, a los desempleados, etc., lo cierto es que no es posible mantener una economía que pretende combatir el neo-liberalismo salvaje con las mismas cargas fiscales y leyes tributarias del propio neo-liberalismo, que es el que actualmente está vigente. Hay que considerar que ya es tarde, pues ya se inició el segundo año de una transformación que, por lo menos en la parte tributaria, no vislumbra más que amenazas, sanciones, castigos, confiscaciones y cárcel para el contribuyente nacional.