Dr. Silvino Vergara Nava
La gente tiene cada vez más la sensación de que
Daniel Innerarity
los gobiernos no actúan en su nombre, sino en el
de otros estados u organismos internacionales,
que están fuera de la presión electoral.
En todos los medios de comunicación (diarios, noticieros, radio, televisión, incluso en las denominadas redes sociales), se habla de disminuir el uso del efectivo, de que una de las políticas públicas de esta administración ha de ser que paulatinamente se vaya realizando menos operaciones económicas con dinero en efectivo, de que está bien vista la disminución del dinero en efectivo; una visión de economistas que aparecen en los medios de comunicación (opinadores), que, por cierto, en la mayoría de los casos, no son profesores universitarios, sino simples comunicólogos. Sin embargo: ¿cuál es el delito del uso de dinero en efectivo?
Ahora resulta que, en los caminos, las carreteras, las autopistas, las calles de las ciudades, la policía (que muy poco vigila, pero que sí recrimina) hace detenciones, inspecciones, verificaciones, revisiones a diversos vehículos para verificar si portan dinero en efectivo y, por ende, si las sumas son considerables ―de lo que habrá que entender que son considerables―, entonces hace las preguntas de rigor para intimidar al poseedor ilícito del dinero en efectivo.
Pareciera que es una tarea del Estado (que, por cierto, no es política propia del Estado, sino proveniente vía recomendación de los organismos internacionales, como es el caso del banco mundial, el fondo monetario internacional, etc.) que en México se limite el uso de dinero en efectivo. Y esto está sucediendo: en las estaciones de gasolina se observa gradualmente que se hace menos uso de efectivo y se ha sustituido por las tarjetas de crédito, lo mismo que sucede en los supermercados, almacenes de ropa y en las denominadas tiendas de conveniencia. Por ello, se observa que los mercados cada día están más abandonados en las grandes ciudades, que son los menos los que acuden a ellos, pues no hay servicios bancarios para poder hacer el pago por otros medios que no sean las tarjetas de crédito o debito.
En la denominada ley anti-lavado, que entró en vigor en septiembre de 2013, se establece que ciertas operaciones no pueden ser liquidadas con dinero en efectivo, como son, propiamente, las compras de inmuebles, vehículos; sino que se requiere que el pago sea de otra forma, particularmente, bancaria.
La legislación fiscal, desde luego, hace su parte; establece que los gastos de los contribuyentes superiores a dos mil pesos no pueden ser deducibles, si el pago de esas erogaciones no se realiza por medio de los servicios bancarios; y, desde luego, también se excluye determinantemente el uso del dinero en efectivo para realizar el pago de los compromisos con los proveedores, pues, de ser así, esos pagos no serán deducibles. Incluso, la propia legislación fiscal obliga a las líneas de aviones comerciales a que informen qué personas van en cada vuelo, cuál asiento les correspondió; lo cual pareciera exagerado o, mejor dicho, una legislación policial y persecutora que dista mucho de una simple obligación fiscal.
Desde luego que los medios de comunicación hacen su parte para que se haga uso de esos medios bancarios, electrónicos y, con ello, se disminuya el uso del dinero en efectivo; pues no hay día que no se haga mención de asaltos al transporte público, a vehículos en carreteras, en calles, en las propias estaciones de gasolina, en las casas, en las oficinas, en los bancos; todo lo cual, poco a poco, va legitimando el uso de los medios bancarios y no del efectivo.
Pero, a todo esto, ¿cuál es el interés de que se haga menos uso del dinero en efectivo?, ¿realmente lo que se busca con disminuir su uso es combatir la delincuencia? Todo indica que no es por la delincuencia, pues, por ejemplo, a la delincuencia (desde luego, la organizada), como es global, esas medidas no le son de su interés. En realidad, no es para combatir esa delincuencia, porque el Estado es impotente para combatirla y, para ello, requiere mecanismos internacionales, de la participación de varias naciones. En realidad, todo da a entender que esas políticas públicas para disminuir el uso del dinero en efectivo tienen el firme propósito de que, por medio de los sistemas bancarios, de los controles electrónicos, los ciudadanos de a pie estén políticamente controlados para que, una vez que sea necesario o indispensable políticamente, las autoridades hagan uso de esa información.