¿Qué le hicieron a Morena los contribuyentes?

Dr. Silvino Vergara Nava

¿Qué perdemos cuando ganamos un progreso,
un progreso técnico, un progreso material,
un progreso urbanístico?

Edgar Morin

Basta con observar la iniciativa de reforma al código fiscal de la federación para 2020, que se presentó el pasado 8 de septiembre de 2019, para que surja la pregunta: ¿qué le hicieron a Morena los contribuyentes para que se den las reformas fiscales que se avecinan?, ¿qué va a suceder con el Estado de Derecho?, ¿qué reto tiene el Poder Judicial ante esas reformas?

No se requiere mucho conocimiento para hacerse tales preguntas sobre todas las reformas fiscales que se han propuesto ni para darse cuenta de que, desafortunadamente, contenerlas será un reto para el legislador. Así dice el artículo 26 del Código fiscal de la Federación: “X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el período o a la fecha de que se trate”.

La legislación anterior establecía que los socios o accionistas eran responsables siempre y cuando se dieran algunas de las causas que son: a) que la persona moral no cuente con domicilio fiscal o desaparezca, b) que no lleve contabilidad o la destruya y c) que no se haya inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Sin embargo, la reforma está suprimiendo esas causales de responsabilidad solidaria y, por ende, esto supone que bastará con que la persona moral no cuente con bienes suficientes para cumplir con su obligación fiscal para que sea responsabilidad de los socios o accionistas los adeudos de la sociedad respectiva, llámese mercantil, del orden civil, laboral, etc. Lo cierto es que dejó de ser una responsabilidad solidaria y se ha convertido prácticamente en una responsabilidad directa. Lo cual es contrario a los principios básicos del Estado de derecho, pues, dentro de los principios que lo regulan, tenemos el que corresponde al de no trascendencia del derecho; es decir, cada sujeto, sea persona moral o física, es responsable de sus propias acciones y omisiones. Por ende, cada persona responde por su comportamiento. Sin embargo, la persona moral y el socio o accionista son dos entes distintos y no puede existir la confusión que se propone la iniciativa de reforma. Entonces, ésta es contraria a los derechos más elementales del derecho actual. Con todo esto, se está traspasando el umbral de responsabilidad y, con ello, se está causando un acto verdaderamente confiscatorio, que también está prohibido por el artículo 22 de la constitución.

Páginas y páginas de textos y doctrinas que se han esforzado en sostener que un contribuyente como persona física es distinto a las personas morales en las que esté participando se van al traste con una iniciativa que ve a los contribuyentes como sus enemigos y no como sus aliados para el cambio que requiere el país. Como se ha dicho en otra ocasión, si el propósito es combatir la corrupción, hay que hacerlo desde adentro y no única y exclusivamente desde afuera. Como están las cosas, esta medida provocará el saqueo al patrimonio de los socios y accionistas.

Además, basta con que cualquier inversionista lea esta reforma al código fiscal de la federación para que pierda todo interés en invertir o en moverse en esta administración pública. Esto es lo que está sucediendo actualmente y desde inicios de año para muchas de las inversiones en México. Efectivamente, hay que perseguir a las empresas fantasma, pero eso no significa que se legisle solamente pensando en ellas. También hay contribuyentes de buena fe y son la mayoría. Sin embargo, pareciera que la propuesta es generar incertidumbre en las mujeres y los hombres que tienen interés en invertir en su propio país; nadie se atreverá a constituir ninguna sociedad; es más, si se forma parte de alguna, lo que sucederá es que se paralicen, y esto en beneficio, como siempre, de pocos, es decir, de los inversionistas de siempre del sistema, los que resultan camaleónicos y que subsisten sexenio tras sexenio sin importar el color del partido, menos las personas ni las filosofías que se persigan. Así, pues, esta determinación, en caso de que se apruebe, pondrá en riesgo la actividad económica del país; pues, adicionalmente a lo dicho, es ampliamente discrecional, aspecto que sigue siendo un cáncer en la administración pública. La falta de observancia hacia los niveles inferiores de la estructura gubernamental hace que ésta no se dé cuenta que se están abriendo nichos de mercado para la corrupción y la persecución política. Todo esto deja un sabor de boca de que pareciera que los contribuyentes hicieron algo malo (aunque no sea así) para imponerles medidas excesivas y, desde luego, nada proporcionales.

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