ArtículosDe las políticas públicas a la pérdida de la política

junio 1, 2016por CCA PUEBLA0

“Es preciso que el país de la realidad, el país de la parejas,
de las aldeas, de los pueblos, de las ciudades,
de las provincias, acabe con el país nominal,
inventado en las oficinas, en los cuarteles,
en los clubes, en los periódicos”.

Alexandre Herculano

 

Autor: Dr. Silvino Vergara Nava

Se entiende por políticas públicas la serie de medidas, programas, sistemas, esquemas, leyes e instituciones que se conforman para llevar a cabo la ejecución de un fin determinado por parte del Estado; por ello, una vez que se inicia un nuevo gobierno se implementan nuevas políticas. En el caso en México, se cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo —artículo 26 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos—, que trata propiamente de las políticas públicas que se establecen en cada gobierno federal; de esta forma, se puede detectar a qué derechos se les otorga mayor preferencia en concreto, si en los derechos de igualdad o en los derechos de libertad, dependiendo de las tendencias políticas de los miembros del gobierno.

Estas políticas publicas se implementan normalmente, basadas en la mesa de análisis de la estadística, por profesionistas, economistas, políticos, administradores, contadores, abogados e ingenieros; por tanto, las decisiones son evidentemente técnicas y no democráticas, es decir, sólo son entendidas por estos profesionales y sus ciencias, mas no por las personas a quienes se encuentran dirigidas, esto es, a la población. Por ello, las decisiones son denominadas tecnócratas, que es lo contrario a las decisiones democráticas; de este modo, el resultado es aquel que el profesor Z. Bauman sentencia: “Las estadísticas son más importantes que la vida humana real; y el tamaño de un país, su economía y su poder político son mucho más que el valor de uno de sus habitantes” (Bauman, Zygmunt, “Ceguera moral”, Paidós, México, 2015).

Se entiende perfectamente porque son mas importante en las oficinas publicas, en las instituciones gubernamentales, por un servidor y funcionario público, policía, militar o secretario de Estado y hasta por un juez o en un tribunal, los informes, los reportes y las estadísticas que le dan mayor trascendencia que al paciente en un hospital, al reo en un centro carcelario, al ciudadano en una oficina pública, al justiciable en un juzgado, al agricultor en un apoyo económico. Así, para poder justificar la existencia de los servicios, y cumplimiento de los deberes jurídicos con que cuentan las instituciones, se crea una serie de controles, sistemas, revisiones y auditorias que provocan que finalmente no se llegue a cumplir con el objetivo, a su vez estos se convierten en la justificación de la existencia de la institución. Por tal motivo, debe haber errores para que subsista el supervisor, debe existir la corrupción para que existan los órganos de contraloría, es decir, se trata de un círculo vicioso de justificaciones donde, en parte, las palabras permiten y ayudan para su justificación, como en el siguiente ejercicio que realiza Eduardo Galeano: “Se llaman accidentes a los crímenes que cometen los automóviles… Los muertos en batalla son bajas, y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla, son daños colaterales. En 1995, cuando las explosiones nucleares de Francia en el Pacífico sur, el embajador francés en Nueva Zelanda declaró: no me gusta esta palabra bombas, no son bombas. Son artefactos que explotan” (Galeano, Eduardo, “Colombiando”, Cepa, Colombia, 2016).

Un caso claro de estas políticas publicas puede ser el estímulo fiscal que, por años, se ha otorgado al sector agrícola —en la ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal— como apoyo económico respecto al monto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que pagan los agricultores al consumir diesel para sus equipos, entregando previo procedimiento administrativo de solicitud que deben de llevar a cabo ante el Servicio de Administración Tributaria —artículo 22 del Código Fiscal de la Federación—. Son las autoridades fiscales las que se encargan de otorgar estos montos de dinero, sin embargo, esto es un ejemplo de estas políticas publicas de la ilusión, pues para la procedencia de dicha devolución los agricultores deben inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes, contar con domicilio fiscal, tramitar la firma electrónica, aperturar cuenta bancaria, realizar el pago del diesel en las estaciones de gasolina por medio de cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, solicitar la devolución por medios electrónicos y enviarlo por Internet ante el Servicio de Administración Tributaria, además de recibir una visita domiciliaria y contestar por escrito un cuestionario, cuando es claro que aun en las zonas rurales no se cuenta, por lo menos, con servicios de Internet, y no se hable más del promedio de escolaridad, de esa forma el estímulo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, resulta absurdo. Una evidencia clara de que las políticas públicas son de escritorio y no de las realidades de la población.

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