La estafa maestra y la reforma fiscal de 2022

Dr. Silvino Vergara Nava

“Hay una historia que cuenta que 

un borracho buscaba dinero debajo 

de un farol callejero, no porque 

lo hubiera perdido allí, sino 

porque era el lugar mejor 

iluminado de la calle”.

Zygmunt Bauman

Hay múltiples, pero múltiples, reformas a las leyes tributarias para 2022 que entraron en vigor súbitamente en este mes de enero, cuando bien pudo haber un plazo más prudente para que la población, los contribuyentes, pero, sobre todo, las propias autoridades fiscales tuvieran la oportunidad de conocer las leyes y digerir las mismas. Pero, como estamos en estos tiempos impetuosos, se pusieron en marcha inmediatamente este cúmulo de cambios fiscales y, como siempre, se ha dejado a su suerte a los contribuyentes, como si estuviéramos en momentos para que la población se entretenga de ello, cuando hay muchos problemas, desde los que corresponden a la salud, a la economía y a la inseguridad pública. 

Pues bien, olvidándose de ello es que dentro de las reformas fiscales contamos con una serie de cambios a la ley del impuesto sobre la renta que están causando graves afectaciones económicas, particularmente a las sociedades civiles, a las cuales les impide que una de las erogaciones más importantes con que cuenta, que son los que corresponden a los pagos por anticipos a rendimientos de utilidades de sus socios no resultan deducibles para 2022, si es que dichas sociedades civiles se ubican en el régimen denominado: “simplificado de confianza”.

Sobre las razones o los motivos por los cuales se planteó esta reforma no hay mucho al respecto, sin embargo, pareciera  que una de las razones por las cuales se llevó a cabo esa modificación pudiera ser el antecedente de la denominada “estafa maestra”, que consistió en una serie de gastos del Estado por medio de universidades públicas que contrataban directamente diversas sociedades, entre ellas civiles, sin licitación alguna para adjudicar una serie de contratos, especialmente, de prestación de servicios que nunca se llevaron a cabo y que las sociedades no eran más que de simple “papel” o también denominadas como empresas “fachada”, porque no cuentan con personal, con activos, con infraestructura y su domicilio fiscal normalmente no existe.

“Estafa maestra” que se presentó en la administración pública federal anterior y hoy siguen en investigación esa serie de empresas, particularmente, sociedades civiles que, teóricamente, realizaban labores, por las cuales se realizaron pagos excesivos que terminaron en los bolsillos de algunos. Lo cierto es que, de los datos que se señalan en los medios de comunicación, se trató de aproximadamente 2,642 millones de pesos, que se perdieron del erario federal en esta denominada “estafa maestra”.

La reforma fiscal ya está y se encuentra vigente, y de tener ese antecedente para su aprobación, el riesgo es que se sigue dando es un tratamiento incorrecto por los legisladores y la administración pública federal con las iniciativas de ley en México, pues hay una percepción muy equivocada de lo que es la igualdad jurídica, ya que se entiende en sentido incorrecto que igualdad es tratar a todos por igual, es decir: “cortarlos con la misma tijera”. Y esto no es así, la igualdad, particularmente jurídica, es: “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”.

Y es que este tipo de sociedades y su tratamiento fiscal, con el que contaban hasta el año de 2021, era debido a que estaban normalmente conformadas por personas físicas que prestan servicios profesionales, y que se trata de una forma de darle mayor seriedad y organización a un despacho de profesionistas, como es el caso de contadores públicos, mercadólogos, administradores, economistas, arquitectos, abogados, etc., que no todos, desde luego, tenían relación con ese caso, es más, no se sabía de la existencia de ese tipo de operaciones fraudulentas por la mayoría de profesionistas y de la población en general, sin embargo, esta reforma ya afectó a la generalidad. Es evidente que, de tener este antecedente de la “estafa maestra”, entonces se está dando un tratamiento incorrecto a la mayoría de la población, sobre todo a los profesionistas. Por ello es que no puede seguirse dando esta forma de legislar asumiendo que, como va dirigido para la gran generalidad, se está cumpliendo con el principio de igualdad, cuando es muy claro que no es así, se está confundiendo la igualdad simple con la igualdad jurídica, y para todos aquellos que cuentan con una sociedad civil, es evidente que la legislación puso en posición de muerte a esas personas morales, todo por un tratamiento aparentemente igualitario, cuando lo que correspondía era una igualdad jurídica, que hasta la fecha no se ha aplicado en las multiplicidad de leyes que se aprueban y no se hace efectiva como se desprende de aquella reforma fiscal que es un paso atrás al crecimiento económico de los profesionistas, pero sobre todo de los que son de buena fe y, de paso, afectan la economía de nuestra nación. (Web: parmenasradio.org).

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