Silvino Vergara Nava
“Se hace más urgente que nunca tener claridad respecto
del fundamento y del contenido de un tema tan sensible
e influyente como el de los derechos humanos, en atención
a los graves problemas que la ausencia de lo anterior
está generando en nuestros países”.
Max Silva Abbott
El requisito de la fecha cierta en los documentos privados de los contribuyentes, la presunción de inocencia que no aplica en materia fiscal, la garantía de audiencia no es previa en materia fiscal. Le corresponde la carga de la prueba al gobernado en los procesos de fiscalización. La presunción de ingresos con diversos supuestos de fácil acceso para las autoridades fiscales. El que no procede la suspensión del acto reclamado cuando se impugna la revocación del certificado del sello digital. El que ante la revocación del certificado del sello digital es necesario, en primer momento, formular aclaración ante la autoridad fiscal antes de acudir a los medios de defensa. Qué el monto de las multas por no contar con los datos del dueño beneficiario, o bien, no tener funcionando los controles volumétricos se trate en ambos casos de multas exorbitantes. Qué para inscribirse como contribuyente y contar con la firma electrónica avanzada es necesario que el sistema tecnológico de la autoridad fiscal tome datos del iris de cada ojo de los contribuyentes. Todos estos, y lo que no fueron mencionados, pareciera que son, y desde luego que aun faltan, regulaciones que aparentemente “sustentan” y “tutelan” los derechos de los gobernados vistos como contribuyentes.
Efectivamente, como se dice en la cita inicial de este ensayo (Herrera Fragoso, Agustín coordinador, “Derechos humanos: Perspectivas de juristas iusnaturalistas” Tirant lo Blanch, México 2022), no se tiene claridad del contenido de los derechos humanos, pareciera que se volvió además de un solo pensamiento, el discurso más ad-hoc para justificar las más claras arbitrariedades e impunidades cometidas por las autoridades fiscales ante los contribuyentes. Desde luego que, es un riesgo latente, más que latente, muy peligroso en la realidad actual mexicana sobre la ausencia de contenido claro de los derechos humanos particularmente de los contribuyentes, la muestra es el des-interés de la generalidad de los contribuyentes para inscribirse ante la autoridad fiscal, el exceso de corrupción y los problemas latentes en los tribunales, en las instancias jurisdiccionales que no resuelven sobre la vigencia y protección de los derechos de los gobernados, son la muestra e invitación para no inscribirse.
La complejidad de involucrarse en la actividad económica formal, no hay ningún tipo de remuneración o compensación, se cuenta en México de acuerdo con las cifras publicadas, que 32 millones de personas trabajan en la economía informal. Y, lo que es peor, en el año de 2022, se incrementó en un 15% el empleo en el sector informal, lo cual es muestra de la ausencia de políticas publicas acordes a generar empleos dentro de la economía formal, las empresas no soportan los costos de contar con trabajadores, por ello es que, se muestran estas cifras, que no son otra cosa mas que el reflejo de la torpeza, entre otras cosas, de la reforma de la subcontratación que entró en vigor en septiembre de 2021, pero que, se publicó en el diario oficial de la federación el 23 de abril de 2021.
Es evidente que, no están alejados, ni divorciados los datos económicos con los derechos humanos, al contrario, hoy resulta algo muy cercano el uno del otro, toda la serie de arbitrariedades que se mencionaron en renglones arriba, lo único que provocan es las estadísticas que estamos citando. En México aun se debe vivir sin tributar, es mas sencillo, vivir en el mundo subterráneo alejado de la formalidad, sobre todo porque la formalidad no otorga nada, ni siquiera la protección a los derechos humanos, menos aun, protege las inversiones, negocios, la actividad formal.
Cada día que se publica una tesis de los tribunales competentes, en donde se cita alguna excepción en la aplicación y procedencia del respeto y garantía de los derechos humanos, no es otra cosa mas que, una nueva invitación para que en este país se siga viviendo en la informalidad y en la corrupción.
Basta con observar que, se resuelve, dando prioridad al interés público, al interés social, que no son más que los denominados conceptos cuasi-románticos, y que, la propia Corte, ha sostenido que son conceptos indeterminados, no obstante, se les da prioridad a estos y no al contenido que deberían de contener los derechos humanos.
La consecuencia actual es el incremento de la informalidad, de los empleos que no cuentan con las prestaciones de seguridad social, pero el problema esencial, es que, no se ve un horizonte en donde estos derechos se puedan verdaderamente materializar, en tanto se siga vejando al contribuyente asumiendo que no es aplicable algún derecho constitucional o que en el caso o en la institución que se debate en un tribunal en particular, ese derecho no es aplicable, a lo que se denomina pomposamente: “Derrotabilidad del derecho”, es la muestra principal de un sistema jurídico que se encuentra ya, desde hace mucho tiempo, en una crisis total de legitimidad, pues si no protegen los derechos humanos de los contribuyentes que son los que pagan para la subsistencia del Estado, ni se protegen los derechos de los trabajadores, como que el Estado ha perdido su rumbo.
Ante esa realidad: ¿Para qué está el Estado?, precisamente esta para eso, para reprimir a los contribuyentes con el discurso de la protección de los derechos humanos, para distraer a la población con entretenimiento de la supuesta lucha por los derechos humanos que de su contenido nadie dice nada. (Web: parmenasradio.org)