Dr. Silvino Vergara Nava
«El miedo al crimen que el cine, la televisión
Michel Foucault
y la prensa atizan permanentemente
es la condición para que se acepte
el sistema de vigilancia policial».
Dentro de las propuestas para reformar el Código Fiscal de la Federación para el año de 2021, presentadas por la presidencia de la República ante la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre de 2020, está la de modificar un artículo implementado el año que está transcurriendo; es decir, aun no cumple un año en vigor y ya sufre su primera reforma esa disposición legal. Esto es una muestra palpable de que ha quedado atrás la concepción del legislador racional, pues parece que se actúa por simples impulsos. Las últimas reformas en materia tributaria no son dignas de un Estado Democrático, que gobierne bajo el sentido común de la población, pues estos temas ni se la considera. Seguimos teniendo lo de hace 30 años: un sistema tecnócrata, en donde, desde algún despacho de los Estados Unidos de América, alguno de los «Chicago Boys» de las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado son los que determinan qué es lo que se modifica de las leyes tributarias, qué se deroga, qué se sustituye, etc.
Ahora bien, la reforma a la que se hace referencia es al artículo 5-a del Código Fiscal de la Federación, que le otorga a la autoridad fiscal, en un procedimiento de fiscalización a los contribuyentes, la facultad de analizar si en las operaciones que éste ha llevado a cabo con proveedores o terceros en general existe una razón de negocio o si fue simplemente para obtener un beneficio fiscal; de lo que puede concluir que, si no es una razón de negocio, entonces, la operación no es deducible y, como consecuencia, puede determinar un adeudo fiscal.
Esta medida, que se ha efectuado desde 2020, ha provocado el deber de publicar en el Diario Oficial de la Federación una serie de acuerdos del SAT para implementar esta facultad de la autoridad fiscal. Todo lo cual, desafortunadamente, como constante que ha sido en los últimos años, se trata de una más de las amplias facultades que tiene la autoridad fiscal, pero, sobre todo, otra más de las atribuciones discrecionales que, cada día, son otorgadas a las referidas autoridades hacendarias.
A casi un año de que entrara en vigor esa disposición, ya se está modificando con la propuesta presentada en el paquete económico por el presidente de México ante el Congreso de la Unión. El cambio responde a que aquella disposición establecía que la consecuencia de aplicar la medida del artículo 5-a del Código Fiscal de la Federación era para determinar adeudos fiscales, pero no para fijar ninguna consecuencia de carácter penal, es decir: simplemente patrimonial o económico. Así, como parece que no es suficiente con aplicar así esta disposición, se propone que, expresamente, haya una consecuencia penal. De modo que, si la autoridad fiscal, en una auditoria, aplica esta disposición a un contribuyente, puede tipificarlo dentro del delito de elusión fiscal, de defraudación fiscal, de uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o, incluso, dentro de los tres. Total, la propuesta es muy clara en los últimos años: criminalizar al contribuyente.
Lo cierto es que ella es una medida muy preocupante, porque es de aquellas reformas invisibles, es decir, en un principio no se dimensiona y, luego, toma consecuencias incalculables. Primero, como es discrecional, le permite al funcionario de a pie «servirse con la cuchara grande»; es otro golpe a favor de la corrupción, que, aunque aparentemente arriba está bajo control, abajo ya no tiene cabida ni medida, pues es un hecho notorio que en la parte tributaria —como se ha puesto en los medios de comunicación— hay corrupción hasta en las citas para acudir a una oficina del SAT. Con eso se puede dimensionar la corrupción callejera que existe actualmente.
Pero eso no es todo. Lo más preocupante es que esta reforma, atendiendo a la discrecionalidad con la que las autoridades pueden asumir que en alguna operación existe o no razón de negocio y a los alcances penales que se pretenden imponer, se convierta en un control político para la oposición; pues no hay que perder de vista que las elecciones están a la vuelta de la esquina y a estas alturas del juego habrá que ver cómo se comportan los electores con lo que ha mostrado esta nueva administración pública. Lo cierto es que, con esta propuesta, los legisladores deberían hacerse la pregunta de: ¿y si legislamos que todo contribuyente es delincuente?