Dr. Silvino Vergara Nava
«La delimitación de las facultades de las autoridades es de suma importancia para
la vigencia del Estado de Derecho y para disolver la prepotencia y la corrupción,
porque el hecho de que las propias autoridades no respeten […] justifica que los propios contribuyentes
tampoco cumplan con las disposiciones legales ni con sus obligaciones: si el Estado no cumple,
no hay forma de obligar a la población para que cumpla».
Del primer capítulo de Desafíos fiscales en tiempos de incertidumbre.
Del sexenio anterior, quedaron como herencia para los titulares de la actual administración pública (que este próximo mes de septiembre de 2021 cumple tres años en el poder) los excesos de corrupción que se veían por todas partes. Tal es el caso, por ejemplo, de la pareja presidencia. ¿Quién no recuerda la Casa Blanca en Ciudad de México?, caso que provocó una serie de declaraciones de la, en aquél entonces, primera dama del país y que, al parecer, fueron sus únicas manifestaciones ante los medios de comulación; pues, después de esas aparentes aclaraciones, se le vio muy poco y se le escuchó menos en los seis años en el poder.
Ese espectáculo provocó que se tambaleara el cargo del presidente de ese tiempo y llevó a la necesidad de reformar la Constitución como una salida fácil de enmendar el rumbo. Ahora bien, esa reforma, denominada «la reforma anti-corrupción» del 27 de mayo de 2015, provocó una serie de cambios en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Efectivamente, se avanzó, poco, pero se avanzó para vigilar más a los servidores públicos en sus funciones, desde luego, con márgenes de extrema discrecionalidad.
Después de la reforma constitucional, uno de los cambios sustanciales fue la creación de la ley general de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, que derogó la ley federal de responsabilidad de los servidores públicos. Por lo cual, se creó un nuevo tribunal para conocer y sancionar a los servidores públicos por las responsabilidades graves que se detecten en sus funciones. Sin embargo, hasta ahí llegó semejante espectáculo de la corrupción y, por ello, el combate a la misma fue la bandera del partido de oposición para ganar las elecciones federales de 2018; las que ganó con amplia diferencia. Lo cual evidencia que la población ya no aguantaba más la situación de esos eventos de corrupción.
Con toda esta realidad, la mesa estaba puesta para hacer los cambios pertinentes y esenciales en el sistema jurídico mexicano para que esta administración (que está a punto de informar de sus labores en su tercer año) afrontara la corrupción; pero poco se ha realizado en dicho tiempo, si no resulta más claro decir que no ha sucedido nada, pues la titular de la Secretaría de la función pública encargada de perseguir estos casos de corrupción poco hizo, tan poco que salió por la puerta trasera y de cuya salida, menos aún de sus logros para acabar con la corrupción, nadie se enteró. Todo quedó en los simples buenos propósitos de cada sexenio.
Por su parte, respecto de reformas legales para evitar la grosera corrupción a la que ha llegado el país, no ha sucedido nada. Un cambio sustancial era claro: rasurar todas las disposiciones legales que otorgan amplias facultades discrecionales a las autoridades de cualquier materia y orden del gobierno. Ello era suficiente para poner un freno de mano a esa corrupción tan grosera y evidente que está en el día a día de nuestra nación. Pues bien, no hay cambio alguno. No obstante, se ha puesto en la palestra el discurso de que la corrupción se ha terminado, pese a que los ciudadanos de a pie observan en cada trámite, en cada gestión, que la corrupción se cuadruplicó. En resumen, la corrupción se terminó en el simple discurso, pero no en la realidad; y no pasará en tanto que no se modifiquen las leyes que le dan competencia a las autoridades para actuar de una forma o de otra, dependiendo de cómo vean al ciudadano en turno; como ocurre en los tribunales, donde los ciudadanos, temerosos de que se les finque responsabilidades, en vez de dictar sentencias en contra del sistema, prefieran «ajustarse a la ley»; lo cual es una muestra clara de arbitrariedad y un grado más grave de la discrecionalidad.
A todo ello habrá que sumar la propuesta oficial de ya no reformar más las leyes como las tributarias; lo cual es una evidencia clara de complicidad con la corrupción se heredó. Por ello, no hay nada que decir más que: todo se volvió corrupción. (Web: parmenasradio.org).