En el Estado de Derecho el problema no es únicamente la ley

—Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica—

Silvino Vergara Nava

“La injusticia instalada en nuestra sociedad la Latinoamericana

no es porque no se aplica el Derecho, sino resulta de la propia

aplicación del Derecho vigente”.

Oscar Correas

El problema que estamos viviendo de inseguridad pública, de falta de oportunidades para los ciudadanos de a pie en sus propios entornos, regiones, estados, el crecimiento desmedido del crimen organizado, de las grandes desigualdades, no se debe solamente a una crisis del Estado de Derecho sujeto a las leyes que se emiten por los Congresos, sino que, se debe en muchas, pero muchas de las ocasiones, a la interpretación de la propia ley, es decir, a la incorrecta aplicación de la ley, que provoca que se trastorne el propósito de esta y como consecuencia de ello, no funcione en la realidad social.

Entonces, podemos preguntarnos: ¿A qué se debe la incorrecta aplicación de la ley?, en muchas de las ocasiones, corresponde al propio texto de la ley, cuando se redacta la misma, pudiera suceder que no cuente con la claridad suficiente y esto provoca que se rompa con el principio: “In legis claris non fit interpretatio”, es decir, que no se dé la claridad suficiente de la norma, por ende, se inicia una serie de apreciaciones diversas sobre el contenido de la ley que termina en los tribunales a veces resolviendo y en otras ocasiones provocando más preocupaciones.

Otras ocasiones el problema, ya no es por la incorrecta redacción de la ley, sino que proviene de una apreciación incorrecta de quienes son los primeros aplicadores de la ley, que, en los criterios y la doctrina del siglo XIX, en el denominado: “Derecho decimonónico”, se establecía que, ese primer aplicador de la ley se trataba de los jueces y los tribunales, pues es a los que se encontraba dirigida la norma jurídica.

Pero, en la actualidad, esto no es así, es más, ahora resulta que, son estos los últimos encargados de interpretar y aplicar la ley, pues son en ocasiones los servidores públicos que forman parte de la administración pública quienes cargan con esa responsabilidad, ante este fenómeno actual en que vivimos en pleno siglo XXI, que es el de la denominada: “Administrativización del derecho”, esto es, que todas las ramas del derecho pasan propiamente por instituciones, organizaciones de la propia administración pública, por lo cual son estos servidores públicos los que deben de hacer frente a las leyes cuando entran en vigor, por ende, sin capacitación previa, sin prevenciones adecuadas sobre la legislación que se impone, esto es improvisaciones que terminan en una serie de consecuencias que perjudican el respeto a la ley, desde luego que, en ese mar de confusiones, desafortunadamente se mete la corrupción.

El otro intérprete de las leyes, es el gobernado, en muchas de las ocasiones es el más preocupado por el problema de la aplicación de la ley y la correcta interpretación de la misma, por lo cual, estamos ante la presencia de otro problema grave que es precisamente una multiplicidad de intérpretes de muchas formaciones, que provocan una gran cantidad de interpretaciones contradictorias.

Atendiendo a esta realidad y con aún muchas dificultades, es que, resulta indispensable tener en consideración que es indispensable estudiar, aprender y conocer una serie de lineamientos básicos para poder interpretar de mejor forma las normas jurídicas, que no se da, por ejemplo, simplemente estudiando la licenciatura de derecho como una segunda licenciatura, ni tampoco profundizándose en un área del conocimiento jurídico, menos aun memorizando la ley, sino que es necesario regresar para algunos y para otros, llegar a las bases del conocimiento jurídico, que son las materias que dan las herramientas suficientes para poder tener una mejor capacidad en la interpretación de las normas jurídicas. Por ello, la Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica, única en su tipo en México, de Centro de Estudios Pármenas (Web: parmenasradio.org), que inicia el próximo viernes 22 de septiembre de 2023, permite tener a la mano esas herramientas para conformar eso que muchos le denominan como: “Criterio jurídico”.

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